La siembra de un patriarca

¿Puede haber algo más sublime que el amor hacia un padre o una madre?

Decididamente el mejor y más merecido tributo que alguien pueda expresar por su progenitor es quererlo profundamente y honrarlo en vida. Existen padres que siembran. Es el caso de Zelmar Michelini, a quien habló desde el Paraninfo el pasado 23 de mayo uno de sus hijos, destacando al político, proyectándolo hacia el porvenir y a las nuevas generaciones, evidenciando por sobre todo gratitud y afecto hacia su figura paterna. La muestra fotográfica expuesta en estos días en el Atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo nos ha permitido conocer más a Zelmar, sopesar con más calma su virtuosismo republicano y democrático, su enorme sencillez y amabilidad, propia de los grandes hombres, su coraje y determinación en horas de agonía para la república, expresado todo ello en imágenes de inmenso valor para el patrimonio histórico nacional.

Es preciso que los más jóvenes conozcan al héroe republicano. Es justo y necesario que en esta sociedad se abran las puertas de la verdad y por sobre todas las cosas se haga justicia. Ese es el mayor y más digno tributo que el colectivo social en su conjunto le puede rendir a Zelmar y a todos los Zelmares, quienes regaron con su sangre este suelo sobre el que hoy podemos expresarnos libremente.

Como integrantes de la Comisión de Homenajes nos regocija comprobar su vigencia y poder de convocatoria, a manera de reparación histórica, a treinta años de su asesinato en Buenos Aires, junto a Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw.

A Zelmar le abrimos el corazón de par en par para que siempre esté en nuestras vidas, en cada acto, en cada gesto, en cada minuto, en cada átomo de nuestras energías. Es un grito de rebeldía. Es y será hasta el fin de los tiempos, la eterna llama de la libertad. El alma de este pueblo se reconforta cuando la fuente republicana alimentada en el torrente del voto que el alma pronuncia -de la cual abrevó siempre Michelini- , nos devuelve su voz desde el pasado, su condición de estratega y genial articulador político.

Del otro lado de la historia, en las antípodas del bien común, del respeto a las libertades públicas y a la vida, se sitúan sobre el fango de la vergüenza y el odio los personajes golpistas, que reivindican con soberbia la tragedia colectiva más repudiable que viviera el Uruguay. A ellos les cerramos el paso. Les damos la espalda, parafraseando a Ricardo Lagos Escobar, pues son del mismo signo oscurantista y retrógrado los Pinochet, los Videla, los Alvarez y aquellos que decían en medio de la dictadura que «a los ganadores no se les pedían cuentas».

La vida les está demostrando lo contrario. Se están abriendo las anchas alamedas de la verdad y la justicia. La lucha contra la Ley 15.848, que en un determinado período de nuestra reciente historia determinó la «caducidad de la pretensión punitiva del Estado», le representó a este pueblo una formidable herramienta para amplificar su demanda de justicia y reparación para las víctimas de delitos de lesa humanidad. Ha sido -a pesar del triunfo del voto amarillo en 1989– una fermental antesala de la victoria popular en octubre de 2004.

Han transcurrido 17 años desde aquella oscura tarde del año 1989. La sociedad creyó en el cambio y en ello existe un componente muy alto por esclarecer los hechos del pasado. La Comisión Para la Paz constituyó el primer hito para echar abajo los muros de impunidad. Durante este gobierno de Tabaré Vázquez se ha ingresado a recintos militares a remover las raíces de la ignominia, se han efectuado hallazgos de restos óseos, se ha procedido a su identificación y a una mínima y debida reparación para sus familiares, quienes han podido velar a sus muertos.

Las leyes son el reflejo de un momento histórico. No estamos en el Uruguay del general Medina. No existe hoy «coffre-fort» disponible para citaciones a quienes conculcaron las instituciones y violaron los derechos humanos, asesinando, desapareciendo, torturando, proscribiendo, agrediendo a la nación.

Es preciso entonces adecuar la normativa legal vigente en el Uruguay en materia de derechos humanos a lo que representa fielmente esta realidad imperante en 2006, que tome como marco de referencia todas y cada una de las convenciones internacionales que penalizan el genocidio, la tortura, desaparición forzada de personas, los tratos inhumanos o degradantes.

Más allá de cualquier tecnicismo jurídico sobre el que no nos corresponde opinar, decimos que el Poder Judicial requiere de un instrumento legal y actual para practicar la justicia. Reafirmamos nuestra convicción en relación a que en sedes judiciales de nuestra república deban sustanciarse los procesos por crímenes de lesa humanidad, sin perjuicio de que los actuales requerimientos de jueces de otras latitudes sigan su curso. La Ley de Caducidad constituye la expresión de un pasado preñado de miedos y de presiones sobre la sociedad y sus instituciones democráticas. La lucha popular y la conquista del gobierno por parte de una fuerza política que está decidida de manera firme a atravesar el umbral del terror, han devuelto las aguas a su cauce natural. La nueva ley debería expresar, interpretar y representar la demanda colectiva por verdad y justicia y situarse en el polo opuesto a la vergonzosa ley caduca en el tiempo presente.

Repudiamos como demócratas la violencia como forma de expresión política, el terrorismo de Estado, los planes de exterminio impuestos a sangre y fuego en el pasado de facto por civiles y uniformados que deberán más temprano que tarde -frente a nuestros magistrados o a tribunales extranjeros- enfrentar sus responsabilidades asumiendo dichos y hechos aberrantes. *