Ya no existen bolsones de intocables

El gobierno ha definido su parecer negativo en torno a una posible derogación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, extremo que sólo podría ser posible por un plebiscito en que la ciudadanía así lo resolviera.

Sin embargo las voces favorables a la derogación siguen sonando y todas ellas son el resultado de una insatisfacción que es fácil de detectar en nuestra sociedad, por los años en que la Justicia no ha sido igual para todos. La referida Ley de Caducidad, en alguna medida, sirvió para justificar acciones negativas, excluyentes de la verdad, de los gobiernos de los partidos tradicionales que resolvían que cualquier acción protagonizada por militares o policías, por más aberrante que hubiera sido, estaba comprendida dentro de la norma legal y, por lo tanto, no era perseguible penalmente.

Podríamos dar mil ejemplos al respecto. Como se estimaba –prácticamente sin investigar los casos– que una acción se había llevado a cabo dentro de los operativos comprendidos en las acciones de las Fuerzas Conjuntas en contra la subversión, cualquier denuncia quedaba finiquitada y su trámite, archivado.

El artículo 7º de la norma legal, que establece mecanismos para determinar la extensión de la responsabilidad de los actores de los hechos, prácticamente no se cumplió en ningún caso. En el último año, con la decisión del gobierno del doctor Tabaré Vázquez de enviar a la Justicia para que esta investigue los casos denunciados — como está ocurriendo con la situación del desaparecido Washington Barrios y de la muerte de su esposa Silvia y de dos jóvenes, Laura Raggio y Diana Maidanich, que la acompañaban, en una acción espeluznante de las llamadas Fuerzas Conjuntas– se está mostrando cómo con la Ley de Caducidad vigente se puede seguir adelante, investigar y eventualmente, de existir transgresiones, extralimitaciones o delitos, hacer justicia.

¿Para que impere la Justicia es necesaria la derogación de la Ley de Caducidad? Por supuesto que esa norma cumplió su papel otorgándoles una herramienta a los gobiernos colorados y blancos que, sistemáticamente, encontraban que todos los casos que llegaban a su consideración «estaban comprendidos» sin que nadie los investigara. En primera instancia, un fiscal militar hizo un trabajo cuya lectura hoy todavía avergüenza por lo que significó como acción de encubrimiento, de cobardía implícita de quienes tenían en sus manos la posibilidad de hacer justicia.

Sin embargo no queda claro qué efectividad puede tener ahora la derogación de la norma, cuando una cantidad de delitos no son perseguibles al vencerse los tiempos establecidos por la Constitución y las leyes, muchos de los responsables, que todavía están vivos, serían pasibles –quizás– de largos juicios penales que, en general, servirían para sancionar a algunos, quizás a los actores, pero no a los autores e impulsores de las acciones.

Como decía un editorial anterior de LA REPUBLICA, es evidente que la caducidad ha caducado, pero ello está ocurriendo por la acción política del Poder Ejecutivo que determinó que la Justicia investigue antes de definirse en los temas vinculados a los hechos de la dictadura, como en el caso de Barrios y, además, tiene una actitud clara y terminante, de aplicación estricta de la norma legal en las medidas de extradición, como las concretadas con Chile y las que están en trámite con la República Argentina.

La norma legal existente, de acuerdo con la opinión del Poder Ejecutivo, debe ser mantenida, porque su derogación además de ser inoportuna, abriría una etapa difícil de definir y calibrar. Un desorden jurídico en que la Justicia se vería abrumada por denuncias que no podría mayormente investigar, y los impulsores de la derogación nuevamente se sentirían frustrados en su aspiración de justicia.

Una justicia que pese a todo está comenzando a democratizarse. Ya en nuestro país no hay bolsones de intocables por más que siga estando vigente la Ley de Caducidad.

Y eso está bien claro. *