El proyecto de reforma tributaria

En estos días, la sociedad asiste al debate de uno de los temas fundamentales del proyecto político, social y económico de nuestro gobierno: la reforma tributaria.

Al respecto cabe destacar tres elementos que hacen al fundamento ideológico del tema y que sin duda son ineludibles a la hora de efectuar un análisis del mismo.

En un hecho inédito en el país (no tenemos conocimiento de antecedente histórico similar) que apunta a la profundización de la democracia participativa, el equipo económico presentó – en forma de borrador primero y ahora ya articulado como ley – su proyecto a la consideración abierta de la opinión pública, para de esa manera «habilitar la más amplia participación de la ciudadanía, a efectos de que realice todos los aportes y sugerencias que entienda necesarios.»

En segundo lugar, corresponde destacar que una reforma del sistema tributario que opere como «instrumento de una adecuada distribución de ingresos en la sociedad», que «jerarquice la consideración de la capacidad contributiva de la población» y asentada sobre la base de la tributación directa a través de la «extensión del impuesto a las rentas» , fue acordada por todos los partidos políticos a la salida de la dictadura, en un documento elaborado en febrero de 1985 en el marco de la Concertación Nacional Programática y que cuenta con las firmas de los representantes del Partido Colorado, contadores Luis A. Faroppa y Ricardo Zerbino; del Partido Nacional, contadores Mario Bucheli y José Pedro Lafitte; del Frente Amplio, contadores Danilo Astori y Alberto Couriel; y de la Unión Cívica, contadores Federico Slinger y Héctor Pérez Piera.

Más aun: dicha propuesta recogía el esquema de reformas básicas y de estructura económica e institucional que la CIDE definiera para el sistema tributario allá por el año 1963.

A pesar de múltiples manifestaciones posteriores en el sentido de reformar el sistema tributario sobre la base del Impuesto a la Renta, debieron pasar más de 20 años para que un gobierno nacional se hiciera cargo de ese compromiso asumido con la ciudadanía.

Y como tercer elemento cabe dejar claramente asentado que el proyecto a consideración se ajusta a las definiciones programáticas del Frente Amplio contenidas en el documento del EP-FA «El Otro Programa», «Ejes Fundamentales II, Transformaciones, Hacia un País Productivo, Punto 5, Política Tributaria.»

Está por demás decir entonces, que compartimos en sus grandes líneas la filosofía de este documento que entendemos se ajusta a lo que el Frente Amplio históricamente ha propuesto a la ciudadanía en el marco de su proyecto de país con mayor equidad, con justicia social y de neto corte productivo.

Es más: el IRPF lejos de ser un «impuesto al éxito», un impuesto «envidioso» como sostienen los neoliberales de siempre, debe ser rescatado en su dimensión insustituible como herramienta de justicia tributaria.

En cuanto a su articulado, tenemos dudas lógicas   no somos técnicos en la materia   en aspectos fundamentalmente instrumentales de la propuesta.

Dudas que fueron planteadas, discutidas, aclaradas muchas de ellas, y otras que fueron expresamente libradas al futuro debate parlamentario, en una extensa, respetuosa y calificada reunión que mantuvimos con el compañero ministro Danilo Astori y su equipo ministerial, en la que fue por cierto notorio el trato fraterno de los participantes.

Y también tenemos «aportes», recogidos algunos ya por el proyecto articulado, y otros en discusión de la bancada, referidos a temas como la exoneración del IVA a la obra pública, la incidencia del IVA al boleto, la situación del sistema cooperativo, la exoneración del Impuesto a las Transacciones Inmobiliarias en la primera Compraventa a efectos del impulso a la Industria de la Construcción, etc.

Y es lógico que una propuesta que apunta a un cambio radical en el modelo de tributación del país, genere dudas y situaciones de engorrosa definición. A fin de cuentas se está actuando sobre un modelo tributario actual falto de armonía, carente de «visión estratégica», profundamente injusto, en el que pervive una masa heterogénea de gravámenes y exenciones establecidos de acuerdo a razones circunstanciales, a presiones corporativas o a coyunturas puntuales, con grandes desigualdades y promotor de una elevadísima evasión en la tributación.

Estamos convencidos de que el proyecto promovido por el equipo económico se inscribe en el camino adecuado y que es infinitamente más justo y eficiente que el actual modelo.

Y para aquellos aspectos en los que aún tenemos dudas, para aquellas situaciones que aún generan controversias, estamos trabajando entre todos los compañeros del Frente Amplio a efectos de lograr la mejor propuesta posible, conscientes asimismo de que, tal como nos afirmara el equipo económico, muchas de esas situaciones se irán solucionando en la medida en que el sistema comience a funcionar.

A fin de cuentas, más allá de los textos que consagran «expresiones de deseos» disfrazadas bajo la fórmula de cláusulas facultativas o de supuestas obligatoriedades   nos viene a la memoria la histórica «transitoriedad» del IRP   es válido acreditar en la palabra de los hombres y defender para la acción política el principio de la ética. *