Muerte por hipotermia

Las condiciones meteorológicas de este otoño no son sólo nefastas para el agro y para la generación de energía eléctrica. Asociada a la sequía, la temperatura extremadamente baja ha cobrado otras víctimas: dos personas murieron de frío. A estas se suman otros compatriotas –algunos de los cuales son niños– que hallaron una muerte atroz al intentar combatir el frío mediante fuentes de calor que terminaron por incendiar sus viviendas precarias.

Tal como se informa hoy en la sección correspondiente, el domingo pasado un indigente que pernoctaba a la intemperie fue hallado sin vida en el Parque Internacional de la ciudad de Rivera; al día siguiente otro indigente murió por hipotermia en un galpón de la calle Zapicán, en el barrio Misiones de la misma ciudad.

Estos casos extremos de exclusión social, de marginación absoluta, han sensibilizado a las autoridades y las han llevado a intentar solucionar el problema de aquellos que ni siquiera en noches especialmente gélidas se les ocurrió buscar cobijo en alguno de los albergues comprendidos en el Plan Invierno.

A tales efectos, con buen criterio, los jerarcas del Mides y del Ministerio del Interior se han puesto de acuerdo para que efectivos policiales se ocupen de recoger a quienes se hallen durmiendo en la calle y de llevarlos a un refugio donde cenar, bañarse y dormir protegidos del frío.

Desde luego que todas estas medidas no son sino paliativos a situaciones límite y que el problema de la pobreza y la marginación sólo se resolverá en la medida en que se creen fuentes de trabajo genuino y que desde el Estado puedan llevarse a la práctica políticas de vivienda que permitan cumplir con un derecho consagrado en la Constitución pero que la realidad lo niega a demasiados compatriotas. El artículo 45 de la Carta Magna dice textualmente: «Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin».

Si pensamos en la multiplicación de asentamientos irregulares verificada en los últimos años, podemos concluir que hace demasiado tiempo que el Estado está en deuda con miles de personas y se halla omiso en el cumplimiento de una disposición constitucional.

El gobierno actual ha recibido un país quebrado, fracturado, empobrecido. Y las primeras medidas se han dirigido a atender la situación gravísima de aquellos que no están en condiciones de satisfacer sus necesidades mínimas. La implementación del Panes ha significado no solamente brindar alguna ayuda material a los más desposeídos sino, también, propender a su reinserción laboral, educativa y social de manera de redignificarlos en su condición humana.

Del mismo modo, la atención a quienes están en situación de calle no se limita a ofrecerles un lugar confortable donde pasar la noche durante el invierno. Las autoridades van más allá y se preocupan por que no haya nadie que, por ignorancia, negligencia o la razón que sea, quede al margen de la asistencia brindada. *