La Ley de Caducidad vista desde fuera del país

Los cambios producidos en la región en los últimos veinte años han apuntado, de un modo u otro y a distintos ritmos, a afirmar la vigencia de los derechos humanos, tanto como valor exigible en el interior de los Estados nacionales como desde el punto de los «observatorios» de derechos humanos existentes en el campo internacional.

La tendencia a la construcción de una jurisdicción de porte mundial se ha ido afirmando en los últimos años, teniendo como referencia el Tratado de Roma y la instalación de la Corte Penal Internacional, cuya gravitación parece tender a consolidarse pese a la férrea oposición de los gobiernos norteamericanos, especialmente el presidido por George W. Bush.

Los pasos en la construcción de esta legislación humanitaria internacional han estado precedidos por una serie de esfuerzos de larga data, algunos de los cuales pueden rastrearse a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con la instalación del Tribunal de Nuremberg que juzgara y condenara a los principales responsables de los crímenes del nazismo.

Esa línea tuvo una continuidad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el marco de los acuerdos que fueron forjando la Organización de las Naciones Unidas.

A partir de 1948, lentamente, se fueron tejiendo una serie de acuerdos y pactos internacionales destinados a bregar por la vigencia de los derechos civiles y políticos de todos los habitantes del planeta.

De acuerdo con su tradición, Uruguay fue suscriptor de todos esos tratados, pactos y convenios internacionales y de acuerdo con las normas en vigencia, las sucesivas legislaturas fueron otorgando sanción parlamentaria a los protocolos y tratados firmados en el terreno de las relaciones internacionales.

Desde la lógica de un énfasis puesto sobre todo en la defensa de los derechos civiles y políticos y, en menor grado, de los derechos económico-sociales, la comunidad internacional ha ido avanzando en la construcción de una serie de conceptos fuertes y coherentes que buscan preservar la paz interna y externa en un mundo en el que tiendan a extinguirse la prácticas de la tortura, la persecución política, civil o religiosa, la desaparición forzada de personas y el genocidio.

En ese contexto la organización Amnesty Internacional ha mantenido una actitud de atenta vigilancia sobre la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Esa observancia fue especialmente significativa durante la dictadura, cuando la actitud de la organización no-gubernamental instalada en Londres, denunció en forma sistemática las atrocidades perpetradas en Uruguay contra la oposición política, el sindicalismo, la prensa independiente.

La práctica de la tortura sistemática contra los presos políticos fue denunciada por la organización A.I. con constancia y tenacidad a lo largo de los casi once años de vigencia del régimen dictatorial.

En estos días, la organización acaba de hacer público un nuevo informe sobre la situación de DDHH en nuestro país y lo hace, con razonable acierto, señalando que con el advenimiento de la nueva administración se han producido avances sensibles en la investigación de los delitos cometidos durante la dictadura. Señala asimismo A.I. que la subsistencia de la norma conocida como Ley de Caducidad constituye un obstáculo serio para avanzar en el conocimiento de la verdad y en la realización de la justicia. Hay muchas personas en Uruguay que piensan del mismo modo. *