La Ley de Caducidad ¿ha caducado?

Cuando a la salida de la dictadura los partidos políticos, el Parlamento y la opinión pública empezaron a discutir qué se haría con los responsables de delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura, no faltaron las voces calificadas que advirtieron que las soluciones «de oportunidad», como una amnistía a los militares o la propia Ley de Caducidad serían un paliativo provisorio que no garantizaba la continuidad del Estado de derecho y la sana convivencia entre los uruguayos.

En los hechos, la «solución» basada en la impunidad reposaba en la idea de una realidad inmutable, en varios terrenos.

Para empezar, se imaginaba que permanecerían incambiadas las relaciones de fuerza internacionales y las relaciones de poder dentro de los países de la región. Se suponía que la gravitación de los militares chilenos y argentinos se mantendría ‘in eternum’ y que las reglas impuestas por la guerra fría serían fielmente acatadas en toda la región.

Como es sabido, la guerra fría es cuestión del pasado y tanto en Chile como Argentina, la impunidad de que disfrutaban los responsables de delitos contra la humanidad, empezando por el propio Pinochet, ha ido achicándose día a día. En ambos países hay magistrados investigando, y militares y civiles presos por delitos de las dictaduras.

Para la visión inmovilista era totalmente impensable que la sociedad uruguaya se viera expuesta a solicitudes de extradición de militares, a los que se supone responsables de crímenes graves, por sus actuaciones durante la dictadura. Fue preciso que el pinochetismo se debilitara como lo ha hecho, que el otrora todopoderoso General Orlando Contreras estuviera expuesto a los sinsabores de un largo período en la cárcel, para que esta situación tuviera viabilidad. Lo mismo se podría decir de la Argentina.

Cambiaron las relaciones de fuerza en el mundo. Cambiaron en la región. Pero también, y este es el capítulo fundamental, también cambiaron las relaciones de fuerza políticas dentro de Uruguay.

La impunidad y el llamado «espíritu de la ley de caducidad» vigentes en los casi veinte años que siguieron al fin de la dictadura (de 1985 a 2005) fueron ambientados desde el Estado por los gobiernos democráticos de colorados y blancos. Y eso cambió. Para algunos esto todavía no ha terminado de entenderse, pero ya no gobiernan en el país los sectores políticos que garantizaron la impunidad durante los últimos veinte años.

El cambio de gobierno, como es sabido, no dio inicio a un proceso de corte revolucionario. En el terreno de las normas que garantizan los derechos humanos y en el tratamiento de las cuestiones referidas a la desaparición forzada de personas, el gobierno progresista apenas avanzó en aspectos importantes en la búsqueda de la verdad y en un proceso de restitución de las funciones inherentes al Poder Judicial.

Han sido magistrados los que han ido adoptando las resoluciones claves que habilitaron la materialización de las extradiciones a Chile. En manos de magistrados quedará también la determinación del camino a seguir ante otras demandas de extradición de ex funcionarios militares, ahora formuladas por la justicia argentina.

Finalmente, en momentos que se propuso, se aprobó por el Parlamento y se discutió en el conjunto de la ciudadanía uruguaya, no faltaron quienes, con la agudeza y lucidez de su calificación como juristas y hombres de derecho, advirtieran las dificultades que la Ley de Caducidad, al marginar al Poder Judicial del tratamiento y de la decisión acerca de los problemas que más importaban y dolían, instalaba en la sociedad uruguaya.

La subestimación del Poder Judicial, el intento de extinción de la memoria, la subsistencia de un tratamiento penal diferencial en beneficio de algunos ciudadanos que habían actuado en funciones militares y policiales, ese conjunto generó un fuerte deterioro en las condiciones de convivencia entre los uruguayos.

Hoy son muchos los compatriotas que sienten que aquella norma ha caducado y que ya no ayuda a resolver los problemas heredados de la dictadura. *