Una vez más los recalcitrantes defensores de la dictadura

El documento firmado por una decena de militares y difundido en la tarde ayer llama a la reflexión. Parece claro que el mismo responde, aunque en forma tardía, a la percepción por parte de los sagaces oficiales superiores de que el país se encuentra en un nuevo período de su vida institucional y política. Era hora para estos oficiales de ingresar el hecho como un dato de la realidad.

Había sido dicho durante la campaña electoral, se expresó nuevamente con claridad en el acto de asunción de la presidencia de la república, el 1º de marzo de 2005 y se ha repetido hasta el hartazgo en innumerables instancias oficiales: la línea en materia de derechos humanos de este gobierno es sustancialmente diferente a la de los gobiernos anteriores.

Así se dijo y así se está procediendo.

Para los oficiales acusados, sobre muchos de los cuales pesa ahora la posibilidad de ser extraditados a Argentina, así como para los jerarcas militares de aquellos tiempos –y de los años que siguieron–, que ahora irrumpen con su carta pública autoasignándose las máximas responsabilidades, debiera estar claro que los «viejos buenos tiempos» de la impunidad total de que disfrutaron durante la dictadura y los veinte años de democracia que siguieron han terminado. Soplan otros vientos, surgen nuevas realidades.

Esa es una primera constatación: los altos oficiales firmantes se mueven tardíamente, sin una visión adecuada de los contextos políticos e institucionales en que se desenvuelve hoy la actividad del país. Quizás este error de percepción tenga su origen en demasiados años de impunidad, de menoscabo de las instituciones y de descreimiento en la capacidad de las autoridades legítimas de hacer valer el Estado de derecho. Demasiados años también viendo cómo el sistema judicial del país era presionado para que se abstuviera de actuar en casos graves de violaciones a los derechos humanos.

Una segunda reflexión apunta a tratar de entender cuál puede ser el propósito que anima a los jerarcas militares.

Se ha dicho, y no parece un razonamiento desdeñable, que tras el trasnochado movimiento epistolar se esconde el propósito de unificar a las fuerzas armadas actuales, y a los mandos efectivos de hoy, en una línea de respaldo a la preservación de la impunidad de los oficiales que hoy están siendo pedidos por la Justicia argentina.

Esta hipótesis reposa, como la anterior, en la creencia de que en Uruguay no ha pasado nada. Que en el pronunciamiento democrático del pueblo el 31 de octubre se eligió un partido continuista, plenamente identificado con las administraciones anteriores. De ser así, sería razonable esperar que el gobierno adoptara los mismos criterios de tolerancia y permisividad que rigieron durante los últimos veinte años. Pero ya hay elementos como para entender que ni el gobierno de izquierda, ni la sociedad uruguaya, ni las propias fuerzas armadas están en la misma tesitura de los períodos anteriores.

Por lo demás, tratándose como se trata de acciones judiciales que remiten a delitos contra la humanidad, la idea de defender a los oficiales acusados sobre la base de que cumplían órdenes superiores también carece absolutamente de validez.

Los oficiales pasibles de extradición se enfrentan a acciones penales de larga data, buena parte de ellas iniciadas durante el año 1976, con delitos precisos, con el nombre y la identidad de sus víctimas y las circunstancias en que fueron secuestrados primero y vistos en prisión después.

No se trata de acusaciones genéricas, sobre víctimas innominadas sino de expedientes judiciales largamente construidos a lo largo de decenios, en los que participaron, con el mayor cuidado de las formas procesales, decenas de testigos presenciales de los acontecimientos criminales sobre los que ahora se los llama a declarar.

Finalmente resta por saber cuál será la actitud de la Justicia uruguaya frente a la apología de la represión practicada durante la vigencia del terrorismo de Estado tanto en nuestro país como en la Argentina. Una actuación de oficio destinada a promover su comparecencia ante sede judicial sería, probablemente, el camino más adecuado para llamar a capítulo a estos recalcitrantes defensores de la dictadura. *