El castigo como única respuesta a la delincuencia

En estos días, un lector se alarmaba porque, al aprehender la Policía a un malhechor, se supo que éste había aprovechado una salida transitoria para cometer una nueva infracción. Sugería entonces que el ministro Stirling sancionara al jerarca que había autorizado ese beneficio de que gozan algunos reclusos en función de ciertas disposiciones, al tiempo que proponía prácticamente eliminar las salidas transitorias como forma de evitar que haya delincuentes que abusen de la benevolencia del sistema penal.

Ese sentimiento –muy extendido en la población– es explicable en momentos en que la sociedad vive una comprensible sensación de inseguridad. Y percibe un total desamparo de parte de las autoridades.

Pero es asimismo muy peligroso, pues significa un retroceso hacia tiempos menos civilizados en que la primera respuesta de la sociedad ante una conducta criminal era la reacción espontánea frente a lo que consideraba una transgresión a las normas de convivencia. Y es así que la implacable «justicia» contenida en la Ley del Talión resurge en el espíritu de las gentes no bien un suceso desgraciado conmueve a la sociedad.

Hace algunos años un legislador había propuesto que el castigo a los violadores consistiera en quitarles sus genitales. La iniciativa hammurabiana –obviamente– no prosperó; pero el hecho de que la mayoría de los legisladores haya hecho prevalecer la sensatez, desestimando una sugerencia monstruosa, no quiere decir que ello sea reflejo fiel de la mentalidad media imperante en el cuerpo social. Por lo general, los delitos sexuales son percibidos por el común de las gentes como conductas que merecen, si no la «reina de las penas» (la de muerte), por lo menos un castigo especialmente doloroso que sirva a la vez como desestímulo a quienes pretendan emular esa conducta y como sanción al infractor para asegurarse de que no vuelva a hacerlo. Los delitos contra la propiedad –y fundamentalmente la rapiña, que usa la violencia contra la víctima del robo– son también percibidos como un comportamiento imperdonable y generan en la mentalidad media la necesidad de que «ese no robe más». Es por ello que ante un crimen más o menos espectacular o ante un incremento de la violencia delictiva, la gente reclama mayor rigor punitivo: más tiempo de reclusión, eliminación de la libertad anticipada, del procesamiento sin prisión y de las salidas transitorias.

El sentimiento de justicia suele confundirse muy a menudo con el menos civilizado de venganza y, en definitiva, lo que la gente exige de las autoridades es un castigo no tanto ejemplarizante sino más bien expiatorio.

Ya ha sido suficientemente demostrado por especialistas en la materia la inoperancia de las medidas meramente punitivas para reducir la actividad delictiva. En los Estados Unidos, concretamente, donde las leyes penales son de un rigor draconiano (incluso en muchos estados está vigente la pena de muerte) los filmes de ficción, los noticieros y los cables de las agencias nos muestran una realidad social de violencia y de delitos de todo tipo, frente a la cual las normas y la acción policial resultan totalmente inoperantes.

Hay evidentemente otros factores que hay que atender si de veras se quiere disminuir la inseguridad. Y esas medidas se vinculan no solamente con el deterioro económico, con la crisis, el desempleo, la miseria y la marginación. Desde luego que esa base material es generadora de condiciones especialmente aptas para el desarrollo de la delincuencia, pero hay también otros factores –educativos, culturales– derivados de las injusticias de un sistema desquiciado, que un gobierno debe tener en cuenta para combatir con éxito las conductas transgresoras.

Mientras se continúe apostando casi exclusivamente a la acción de la Policía –y sin dejar de reconocer algunos aciertos de la política desplegada por el actual ministro del Interior– muy pocos o nulos resultados se obtendrán en un problema que alarma, y con razón, a la sociedad.