Estocada al corazón del terrorismo de Estado

La solicitud formulada por el juez federal argentino Guillermo Montenegro apunta a uno de los ejes capitales de la represión perpetrada en el desarrollo del Plan Cóndor.

Se trata del grupo de oficiales de la OCOA (Oficina u Organo Coordinador de Operaciones Antisubversivas), en el que revistaron figuras como José Gavazzo, Jorge Silveira y Eduardo Rama, cuyos nombres aparecen con reiteración en innumerables testimonios difundidos a lo largo de los últimos treinta años. No hay otro núcleo tan «selecto» de oficiales que aparezcan con sus nombres asociados a un número tan alto de episodios con desenlace trágico como los mencionados.

Conformado como grupo de tareas durante el año 72, en los cinco años siguientes, el comando capitaneado por Gavazzo aparece vinculado a episodios de torturas, secuestros y asesinatos contra opositores políticos cometidos a ambos lados del Río de la Plata en el período de auge de los regímenes militares.

La solicitud formulada por el magistrado argentino tiene lugar cuando todavía no se han apagado los ecos de las estridentes aunque inútiles protestas de algunos nichos militaristas que, expresándose contra el gobierno progresista, se opusieron a la extradición. Los reveses de opinión, políticos y parlamentarios de este grupo de presión quedaron demostrados en el aislamiento del diputado Daniel García Pintos en la interpelación a la ministra de Defensa Nacional, doctora Azucena Berruti.

El pedido de extradición alcanza a José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo Pereira, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Rama, Jorge Alberto Silveira Quesada, Gilberto Valentín Vázquez Bisio y al ex comandante en jefe del Ejército Julio César Vadora, ya fallecido.

En la causa ante los tribunales de Argentina actúa como querellante el titular de la Secretaría de Derechos Humanos de ese país, el conocido jurista Eduardo Luis Duhalde, ex magistrado y autor de numerosas obras de doctrina sobre el terrorismo de Estado, definido como una forma específica de crimen contra la humanidad, distinto de las clásicas dictaduras militares latinoamericanas y del fascismo europeo.

Por una serie de razones, el pedido de extradición que ahora se sustancia ante la magistratura uruguaya apunta a una zona emblemática en la historia de los derechos humanos en nuestro país.

Basta recordar que por una causa muy cercana a la que ahora se elabora, nos referimos a las actuaciones de militares uruguayos en las acciones genocidas en Automotores Orletti, se produjo el incidente en el cual el general Hugo Medina se interpuso por la fuerza a la actuación del Poder Judicial, confinando en una caja fuerte las citaciones judiciales a Gavazzo y sus socios del grupo de tareas que operó en Buenos Aires.

Para el acto de prepotencia de Medina hubo tolerancia y respaldo por parte del entonces presidente Julio Sanguinetti, que empezó a fundar así las bases de la impunidad en el país. Pero 2006 no es 1985 y Tabaré Vázquez y el Encuentro Progresistas se encuentran en las antípodas de Sanguinetti y el Partido Colorado de aquel tiempo.

A la vez, el secuestro y asesinato de María Claudia García, y el robo de su niña, constituyen uno de los crímenes más indignantes y emblemáticos de aquel ciclo de horror. Como se ha dicho mil veces, es imposible pretender la más mínima justificación de ese crimen.

Finalmente cabe acotar que el grupo liderado por Gavazzo, como lo señala en su reflexión el periodista Roger Rodríguez en la nota publicada ayer por LA REPUBLICA, no cuenta hoy con los respaldos que mantenía, dentro y fuera del Ejército, en 1985. Todo parece indicar que, tal como ocurrió con la solicitud recientemente formulada por la justicia chilena, en nuestro país las autoridades concedan la extradición de acuerdo con la solicitud de la Justicia argentina. *