Relaciones entre sindicalismo y gobierno

El largo ciclo de estancamiento económico, sobre todo en la industria manufacturera, que prevaleció en el país en los últimos decenios, tuvo entre otros efectos graves sobre la estructura social uruguaya un creciente debilitamiento de las estructuras sindicales, especialmente en el sector privado.

No faltaron por entonces los espectaculares pronósticos y constataciones realizadas «en nombre de la ciencia»: el sindicalismo en Uruguay era cosa del pasado. Los poco novedosos pronósticos han quedado fuera de foco a partir del advenimiento del gobierno progresista y de la inauguración en el país de un nuevo estilo en las relaciones entre los trabajadores y los empresarios.

Efectivamente, la convocatoria a los Consejos de Salarios, aspiración fuertemente sentida por los trabajadores de todas las ramas de la actividad, y la sanción de una ley de fueros sindicales que garantiza el ejercicio de la actividad gremial poniéndola al amparo de la intransigencia de las patronales, el crecimiento numérico de la entidades profesionales de los asalariados, que ha sido exponencial, van en ese sentido.

De acuerdo con una nota informativa publicada en el matutino El Observador el pasado 24 de abril, «con un crecimiento en el número de trabajadores afiliados a sus respectivos sindicatos de sector que ronda las 80.000 voluntades y que lo sitúa hoy en los mismos niveles de adhesión del año 1989, el movimiento sindical uruguayo continúa fortaleciéndose y se prepara para sumar a sus estructuras 50.000 asalariados más en el correr de 2006″.

En diálogo con Fernando Pereira, de la Federación Uruguaya de Magisterio, el periódico informó que «de esos 70.000 nuevos afiliados registrados y relevados a fines del año pasado, 50.000 se desempeñan en la actividad privada y 20.000 en el entorno del Estado». En ese total, agregó el sindicalista, «hay 20.000 trabajadores totalmente nuevos» en lo que a militancia gremial concierne, flamantes adherentes de perfil etario «muy joven», que dan cuerpo y sustento «a los 400 nuevos sindicatos de empresa» que se gestaron en el país en los tres últimos años.

Asimismo, destacó que se verifica «una gran cantidad de mujeres» en las filas de los nuevos activistas, información que analiza el Instituto Cuesta-Duarte, con vistas a la elaboración de un estudio sobre el tema.

De acuerdo con la misma investigación, «la tasa de sindicalización hacia fines de 2005 se aproximaba aceleradamente al 24% de la Población Económicamente Activa, franja compuesta actualmente por 1.200.000 personas».

Vale la pena recordar que el sindicalismo uruguayo ha mantenido históricamente una actitud de autonomía con relación a los partidos políticos y el Estado. Las condiciones más favorables creadas a partir de la llegada al gobierno de una administración de izquierda, en la cual revistan numerosos ex dirigentes del sindicalismo, no supone la existencia de vínculos de dependencia entre la Administración y las organizaciones gremiales de los trabajadores.

En numerosas circunstancias, la central sindical ha expresado puntos de vista que aparecen como diferentes a los sustentados por el gobierno, lo que como es lógico, no ha significado un obstáculo a las relaciones entre las autoridades gubernamentales y los dirigentes del PIT-CNT.

Al mismo tiempo existe una amplísima zona de coincidencias programáticas y en el proyecto de país que se anhela. Estas coincidencias, que abren camino para el diálogo entre el sindicalismo y el gobierno, remiten a temas de importancia sustantiva: la defensa del espacio económico nacional y especialmente del país productivo, la creación de fuentes de trabajo y el fortalecimiento del mercado interno, el avance en el fortalecimiento de la democracia y el fin de la impunidad, son todos puntos de confluencia señalables.