Por el camino de los cambios posibles

La semana pasada se divulgaron cifras del Instituto Nacional de Estadística que marcaban un plausible descenso de la población bajo la línea de pobreza.

No se trata de una reducción espectacular, pero permite abrigar la esperanza de que se trate de un proceso positivo hacia una reducción más drástica de los indicadores de la vergüenza. Al mismo tiempo, parece innegable la incidencia que ha tenido en ese aspecto la puesta en marcha del Plan de Emergencia, acompañado de una reactivación económica y, sobre todo, de un proceso de recuperación salarial.

No es nuestro propósito cantar loas al gobierno, pero resulta a todas luces evidente que en esta área los primeros doce meses de gestión gubernamental progresista han dado sus frutos; frutos pequeños, es cierto, pero frutos visibles. Porque más allá de los resultados inmediatos o en el corto plazo (un año es un lapso breve), la aparente reversión de la tendencia hacia la depauperación lleva a concluir que el gobierno se encamina por la senda correcta y que las políticas diseñadas en materia social, laboral y económica son las adecuadas para paliar –y más tarde, derrotar– los efectos devastadores del modelo de país perseguido por los gobiernos anteriores.

No es poca cosa. El gobierno actual se ha planteado nada menos que la apuesta a un modelo opuesto. Desde luego –huelga aclararlo– que el Frente Amplio y sus aliados no accedieron al gobierno con un programa revolucionario que propusiera desplazar la propiedad y otorgar «todo el poder a los soviets». Y si bien una parte considerable de los partidos y sectores que conforman la coalición de izquierdas adhieren a los principios socialistas, el socialismo en Uruguay no está planteado como meta a corto ni mediano plazo; entre otras cosas, porque la actual coyuntura internacional en plena globalización no es favorable a cambios radicales inmediatos.

Pero el mero hecho de haber institucionalizado los consejos de salarios, de fomentar la sindicalización de los asalariados, de desarrollar políticas asistencialistas para atender a los sectores más sumergidos, de lanzar la propuesta de país productivo, de comenzar a analizar una reforma tributaria imprescindible, una reforma del sistema de salud y otra del sistema educativo, todo ello significa cambios cuya trascendencia suele no valorarse debidamente.

Recordemos que un sonsonete ya clásico por excesivamente reiterado aconsejaba hacer crecer la torta para luego repartir. El orden de prioridades, la jerarquización de necesidades indicaba que había que apostarlo todo al crecimiento económico y postergaba sine die la redistribución: había que generar riqueza del modo que fuera y el propio mercado se encargaría de repartirla en un incierto futuro. Poco importaba que la experiencia demostrara hasta el cansancio que el mercado se había revelado incapaz de proceder a esa famosa redistribución, con lo que los más infelices seguían siendo los más infelices; y los privilegiados, cada vez menos numerosos y cada vez más privilegiados.

Pues bien, por primera vez estamos ante un gobierno que, sin abandonar el modo de producción capitalista, apuesta al crecimiento económico pero sin olvidar a los sectores menos privilegiados ni postergar sus legítimas aspiraciones de llevar una vida mejor. Y ese gobierno está demostrando en los hechos que es posible, que el crecimiento no es incompatible con el bienestar de la población, que para crecer no es ineluctable pagar «inevitables costos sociales», eufemismo tan caro a los fundamentalistas del neoliberalismo.

Este no es un hecho menor, y conviene tenerlo presente antes de exigir utopías. *