Hechos y rumores que suscitan explicable preocupación

Cualquiera sea el desenlace de las investigaciones y pericias policiales acerca de la existencia de un atentado contra el juez penal Gustavo Mirabal, resulta preocupante la sucesión de rumores que circularon por los medios de comunicación durante la jornada de ayer 19 de abril.

Justamente, las aprensiones existentes tienen como insoslayable punto de apoyo hechos de por sí poco compatibles con la vigencia de un Estado de derecho, serena y maduramente consolidado como el país se merece.

Para empezar, conviene no perder de vista que, a lo largo de la prolongada tramitación judicial del expediente sustanciado a propósito del secuestro de Eugenio Berríos en el Juzgado de Pando, más de una vez se dieron a conocer denuncias de presiones, amenazas y muestras de violencia contra la sede judicial.

En segundo lugar, las expresiones desmesuradas y faltas de tino con que se han glosado por parte de militares en situación de retiro las decisiones del magistrado, de la Suprema Corte de Justicia y del propio Presidente de la República, mostraron la enconada resistencia de ciertos sectores para aceptar pronunciamientos jurisdiccionales cuando son contrarios a sus convicciones fundamentalistas.

Como cuestión de fondo subsiste un cuadro de referencias preocupante, en el que un sector minoritario pero influyente en algunas áreas del aparato estatal se siente lo suficientemente fuerte como para enfrentar las decisiones de los órganos estables del Estado.

Las personas que están embarcadas en esta actitud parecen no haber comprendido que los tiempos han cambiado. El proceso ha finalizado hace ya más de veinte años. Finalizó porque no obstante la acumulación de poderes que detentaban los dictadores, ellos no consiguieron conducir al país por una senda de prosperidad, armonía interior y bienestar colectivo. Fueron derrotados por llevar adelante una conducción del país torpe, obcecada y sectaria que apostó a que con la represión violenta se «resolvían» todos los problemas.

Una lectura mínimamente cuidadosa de los hechos de la década del ochenta demostraría a los admiradores trasnochados del «proceso» hasta qué punto los líderes de la dictadura, empezando por el general Gregorio Alvarez y terminando por Juan María Bordaberry no entendieron al país, se pusieron a contrapelo de sus convicciones y su sensibilidad y fueron barridos pacíficamente por la voluntad inmensamente mayoritaria de los uruguayos.

Levantar hoy como estandarte la «misión» histórica cumplida gloriosamente por parte de las FFAA y pretender presionar a las instituciones que el país se ha dado para asegurar los intereses de los hombres del proceso, es un sueño trasnochado. Siguen sin saber dónde están parados.

El tono amenazante utilizado por algunos participantes en los actos de los clubes sociales el pasado 14 de abril es, a la vez, expresión trasnochada y arrogancia ridícula. Ha faltado antes y falta ahora abrir los ojos y mirar. Y no engañarse con lo que se ve. Es eso: los uruguayos no quieren ni aceptan la prepotencia. Para los adoradores de la dictadura no vendría nada mal dejar correr fluidamente las aguas de la humildad, bañarse en ellas. Retozar con su poder lustral.

Aceptar el veredicto de la justicia. Y sobre todo de las urnas. De las urnas en 1980 que le dijeron que No a su propuesta de reforma de la Constitución. De las urnas en 1982, cuando la ciudadanía dio la espalda a todos los candidatos que aparecían insinuando o brindando un respaldo político a la dictadura. Y finalmente al libre pronunciamiento de la ciudadanía en las elecciones del 31 de octubre de 2004, en las que algunos vocingleros dirigentes del coloradismo recibieron muy magros apoyos de una ciudadanía que votó por el cambio. Para un cambio que incluía, además, un compromiso de avanzar en procura de la verdad y de la justicia. *