Jaque a la impunidad

Según lo anunciado por la doctora Hebe Martínez Burlé, abogada y militante por los derechos humanos, los plazos se acortan para que la Justicia se expida sobre la denuncia contra Juan María Bordaberry por atentado a la Constitución y otros delitos de terrorismo de Estado.

Es esta otra de las tantas deudas pendientes que los uruguayos tenemos con nosotros mismos, y resulta inconcebible que hayan transcurrido más de veinte años sin que el sistema judicial actuara en el caso de acuerdo con la expectativa de los ciudadanos.

Un caso particularmente claro (pedagógico, como se ha dicho) de comisión de un delito. La doctora Martínez Burlé lo ha expresado con elocuencia al decir que para demostrar que el ex presidente atentó contra la carta magna no se necesitan pruebas pues se trata de un hecho demasiado notorio que nadie puede razonablemente discutir. Nadie ha discutido que Bordaberry, electo presidente de acuerdo con la legislación electoral, al cabo de poco más de un año de haber asumido el cargo, procedió a disolver las cámaras sin que se hubiera verificado ninguna de las circunstancias previstas en el ordenamiento jurídico para que el titular del Ejecutivo estuviera habilitado a proceder de esa forma. De esa manera, pisoteó la legislación y atentó contra la Constitución; creó un consejo de estado con potestades legislativas integrado por amanuenses sumisos que convalidaron cada uno de los actos de gobierno ilegítimos dictados por el gobierno cívico-militar instalado en el país.

Con la disolución de las Cámaras, Bordaberry terminó de quitar el maquillaje, el barniz de legalidad que Pacheco Areco se había ocupado de preservar desde junio de 1968. El gobierno de quien sucedió a Gestido se caracterizó por el autoritarismo, la prepotencia, la escalada represiva, el ataque a las libertades. No obstante, tanto Pacheco como quienes lo apoyaban (la gran mayoría del Partido Colorado más los sectores conservadores del Nacionalismo) trataban de mantener las formas y de justificar el mantenimiento de las medidas de seguridad por medio de artilugios jurídicos que convencieron a muchos de que el país vivía bajo un estado de derecho.

Con la asunción de Bordaberry, en cambio, empezó a caer paulatinamente la máscara democrática tras la cual se ocultaba el verdadero rostro del régimen instaurado por Pacheco Areco. Así llegamos a febrero de 1973, oportunidad en la que la presencia militar y su injerencia en los asuntos de Estado se hizo ostensible. El 27 de junio fue la culminación de ese proceso: fue la oficialización del golpe que barrió definitivamente con los vestigios formales de la democracia.

El delito cometido por Bordaberry y sus acólitos no está comprendido en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. No obstante, una vez recuperada la normalidad institucional, el golpista siguió viviendo en paz con su conciencia cristiana y sintiéndose intocable. El manto oprobioso de impunidad que protege a los terroristas de Estado pareció haberse extendido para dar cobijo a aquellos que la ley de impunidad no protegía.

Si no hay justificación alguna para que un crimen –cualquier crimen– quede impune (vale decir que un criminal no reciba el castigo que merece), la impunidad de hecho de que gozó Bordaberry resulta particularmente repugnante.

Por eso es de capital importancia la inminente decisión judicial. Una condena al ex presidente motinero nos permitirá saldar una pequeña parte de la deuda y abre el camino para que los uruguayos vuelvan a confiar en su sistema judicial. *