Ambientalistas y oportunistas

El gobierno progresista encabezado por el doctor Tabaré Vázquez ha cumplido un año de gestión. Durante estos primeros 365 días ha tenido que convivir con dos reclamos «ambientalistas»; uno interno (los impulsores de la reforma constitucional del agua) y otro externo (los impulsores del bloqueo de los puentes).

Más allá de que sus alcances sean absolutamente diferentes hoy me propongo ponerlos en igualdad de condiciones por sus procedimientos y por sus perjuicios para todo el Uruguay y sus ciudadanos.

Ambos movimientos comenzaron con reclamos entendibles, contra la contaminación ambiental del lado argentino y contra la privatización del agua del lado uruguayo. Si esto hubiera terminado ahí hubiera sido muy entendible sus formas y procedimientos, pero el cariz que tomaron ambos movimientos obliga a uno a discrepar. El impulsar protagonismos personales utilizando movimientos sociales es elemento que desautoriza las buenas intenciones.

La sinrazón de los piqueteros argentinos los uruguayos la tenemos clara, cómo el proyecto político de un gobernador puede más que las conclusiones técnicas, los informes favorables y las pruebas contundentes. Ese proyecto político de un gobernador en impulsarse a una carrera presidencial le ha costado a nuestro país interminables jornadas de bloqueos y pérdidas millonarias en dólares. Por esto ese movimiento está desautorizado, los que tenían buenas intenciones al comienzo fueron superados por la maniobra política.

La sinrazón de los reformadores de la Constitución uruguaya es para explicar.

Absolutamente compartible la intención de asegurar por norma constitucional el manejo del agua potable en manos del Estado, para evitar especulaciones del extranjero. Durante toda nuestra gestión al frente del gremio de OSE batallamos por esto, lástima que las elecciones del año 1999 las ganó el doctor Jorge Battle y el Directorio de OSE de ese momento integrado por colorados y blancos adjudicó la licitación en Maldonado a la empresa Uragua.

Como parte de un proyecto político y de ambiciones personales se introdujo en la reforma constitucional la «supuesta obligación» de rescindir los contratos de privados que estuvieran actuando en el momento de la aprobación de la reforma. Esto, que si no se lo explica de forma correcta a la gente es muy bueno, significó tirarle el argumento que necesitaban, en este caso la empresa Uragua, para entablarle una demanda al Estado uruguayo. Para que quede claro; sin este articulado en la reforma, Uragua se iba del país por incumplimiento del contrato de concesión. El actual Presidente de la República lo dijo en su campaña electoral: «Se cumplirán todos los contratos, derechos y obligaciones». Uragua no cumplió; se le rescindía de cualquier manera. Por la reforma constitucional el Estado, es decir todos nosotros, tuvo que desembolsar casi 25 millones de dólares. Le perdonamos la vida, si no hubiera existido la reforma eran ellos los que nos tenían que devolver todo el dinero. Cuántas cosas se pueden hacer en estos momentos de crisis con 25 millones de dólares. Le devolvimos la garantía de incumplimiento de contrato por 20 millones, le perdonamos dos meses de canon no pagado, asumimos deudas con acreedores de Uragua y le pagamos en efectivo casi un millón y medio de dólares.

Fue demasiado; y esto sin contar las negociaciones para adquirir el 60% de las acciones de Aguas de la Costa. Todo por ambiciones personales y políticas de algunos de los reformadores. Yo me preguntó ¿ cuántos la habrían votado si se explicaba esto?.

El pueblo uruguayo se merece otra cosa. Nunca más a merced de oportunistas políticos vestidos de ambientalistas que ocultan la realidad.

El gobierno de Vázquez lo ha sufrido en carne propia. *