En un estado de derecho las extradiciones son legítimas

No es fácil abordar el análisis de las múltiples declaraciones públicas del senador Fernández Huidobro. Pues ahora parece que además de exhibir su soberbia se sitúa por encima de la Suprema Corte de Justicia y él, con su avasallante conocimiento jurídico, nos da cátedra a los ignorantes coterráneos, sobre la violación de nuestra soberanía y nuestra dignidad, por parte de la Justicia chilena, sobre la que no se ahorra epítetos.

Eso sí, no será abogado, pero mereció serlo, quizás si hubiera estado en la defensa de los tres acusados, estos «inocentes» no estarían en tan difícil situación.

Durante 30 años, los familiares de quienes fueron exterminados dentro del Plan Cóndor, hemos exigido la actuación «libre» de la Justicia para saber la verdad y que los culpables se sometieran a su veredicto.

Esto, de por sí, es infinitamente mucho más, de lo que ellos le ofrecieron a los presos en general, y ni hablar que esa oportunidad nunca existió para los secuestrados en los países del Cono Sur, de hecho, se erigieron en jueces y dispusieron de la vida de muchos uruguayos.

Es ofensiva su declaración de que quienes de una u otra forma apoyamos la extradición de los militares, estamos apoyando una suerte de «Plan Cóndor al revés.» ¿Supone usted que alguien aplicará la tortura, la pena de muerte y la desaparición a algún indefenso ciudadano?

¿Será que la Justicia chilena tiene eso en mente y no nos dimos cuenta? Pero sigamos y reflexionemos sobre su referencia a la «vindicta pública» como una «vileza ramplona y ordinariaza», es lisa y llanamente no entender nada. Quizás le sorprenda esta afirmación. ¿O será que estoy tan equivocada, que el dictamen de un juez, de un Tribunal de apelaciones y de la Suprema Corte se produjo bajo el influjo de la sed de venganza popular?

¿Podrá ser posible que su elemental razonamiento lo lleve a pensar que detrás de esto sólo hay un tema de dinero? ¿Está, quizás, tratando de ejercer presión sobre un Poder Judicial que en forma muy timorata está empezando a abordar con dignidad algunos casos de violaciones a los derechos humanos? ¿O es que Berríos, por convivir con las mafias y a pesar de sus monstruosidades, no tenía derechos y por eso debemos dejar todo como está, y conformarnos con el dictamen del juez de Pando que «no encontró» pruebas suficientes?

Realmente sería deseable que nuestro Poder Judicial actuara acorde a las circunstancias y no tuviéramos que resignarnos a que otros jueces, de otros países, entiendan en casos en los que nuestra Justicia claudica.

Y aquí me voy a referir a su grosera mención a una «tal vez futura justicia» para la que pagaríamos con una injusticia y nuestra soberanía. Permítame reseñarle que desde el primer momento en que los desaparecidos, apenas eran presos de los que desconocíamos su paradero, (aún no sospechábamos sus calvarios y el final), se tocaron todas las puertas.

Innumerables veces la de nuestra Justicia, que machaconamente amparada en la Ley de Caducidad ha sido tenaz en el archivo de los expedientes, salvo alguna honrosa excepción en el presente. Eso nos ha obligado a gestionar ante la justicia de los países donde se produjeron los secuestros, los pedidos de verdad y justicia.

Suponiendo que la justicia argentina, para dilucidar lo sucedido con los uruguayos desaparecidos en ese país, y luego trasladados a Uruguay, requiere la extradición de algún militar uruguayo implicado, ¿deberemos resignar por un tema de soberanía?

¿Será que si el asesino de María Claudia es uruguayo, como acá no se le probó nada, no podrá ser extraditado por un tema de soberanía?

No lo he visto, ni sentido a usted hablar de la forma en que los mismos militares implicados violaron las soberanías de nuestros países. Y aquí le ofrezco el beneficio de la duda, quizás me perdí algo de su defensa de la dignidad nacional referida al pasado.

Usted dice haber perdonado y con eso se da por satisfecho, pero usted, dentro de sus padecimientos, tuvo el privilegio de la vida después de…

Sin embargo nada justifica la impunidad de quienes se creyeron, y en algunos casos se creen, dueños de la vida de otros. Primero, saber los hechos y quiénes son los responsables. Otra cosa sería deshonrar a nuestros muertos, no escuchar su grito de justicia, desde donde estén. Por ella lucharon, por ella fueron asesinados. Pero parece ser que para que la Justicia actúe libremente la única vía será la anulación de la Ley de Caducidad y a eso usted también se opone.

Y la frutilla de este postre es su alineación con ciertos personajes del Partido Colorado, léase García Pintos o Julio Sanguinetti. Por favor, olvídese de meternos miedo con sus declaraciones, su referencia a que le da «miedo cada vez que se hacen juntas militares» o peor aún cuando nos habla de la gente que con «suicida irresponsabilidad» (?) defendemos las extradiciones, éstas y las que vendrán, son vergonzosas. ¿Qué nos quiere decir? ¿Lo mismo que Sanguinetti?

En un Estado de derecho, las extradiciones son legítimas. Los derechos humanos debieran ser el compromiso de toda la humanidad. Piénselo, muchos de sus votante están hoy indignados. *