¿Hasta cuándo?

El fallo de la SCJ por el que se concedió la extradición a Chile de tres militares uruguayos por su vinculación con el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos volvió a agitar las aguas. No me refiero a la polémica surgida con motivo de la postura del senador Eleuterio Fernández sino a ciertas declaraciones de jerarcas y ex jerarcas castrenses; concretamente, a la velada amenaza subyacente en la afirmación de que la extradición podía alterar el orden o poner en peligro la paz.

El viejo fantasma de la inestabilidad que con tanto éxito se agitó hace 20 años para justificar la impunidad otorgada a los terroristas de estado vuelve a asomar para impedir o entorpecer el cumplimiento de una decisión judicial.

En aquel entonces, la estrategia wilsonista se basó simplemente en un dato de la realidad; o, por lo pronto, en una situación que se nos presentaba como irreversible, imposible de combatir y peligrosa para la frágil estabilidad institucional recién recuperada. No hubo más razones que la amenaza muy bien explotada del desacato militar que ya se estaba consumando cuando el general Medina declaró que las citaciones judiciales las guardaba en su coffre-fort.

El Partido Nacional –el gran perjudicado por el pacto del Club Naval– intentaba que todo el sistema político asumiera que, aunque no explícitamente, dirigentes políticos y mandos militares habían acordado que no habría revisionismo.

Lo que prevaleció entre los ciudadanos que ratificaron la ley fue el temor a una desobediencia de los militares denunciados por detenciones arbitrarias, torturas, homicidios, desapariciones y otras vesanias. Ese temor –cierto o fingido por aquellos que se habían comprometido en secreto a que los militares no se presentarían ante la Justicia– fue el gran y único argumento que la campaña mediática se ocupó de internalizar en el inconsciente colectivo para llevar al electorado a ratificar la ley.

Han transcurrido casi 20 años de la sanción de la caducidad y 17 de su ratificación plebiscitaria. Y ante una resolución inobjetable del Poder Judicial, el espíritu corporativo castrense apela al mismo recurso del miedo.

La sociedad no debe tolerar más afrentas. *