La Corte de las credenciales vencidas

Parece increíble, pero es cierto. En pleno 2006, se mantiene un cuerpo de control que fuera nominado hace 11 años, cuando debería cumplir solo 5 años de función.

Ya lo habíamos resaltado después de la elección anterior y del balotaje, cuando ganó el candidato de la coalición conservadora y no se modificó la integración de los Organismos de contralor, tanto la Corte Electoral, como el Tribunal de Cuentas, aprovechando la difusa explicación que hace nuestra Constitución para la duración de dichos cargos. Sin embargo, la Carta Magna está escrita en español, y en sus Arts. 59 y 77 es bien clara cuando se refiere a los temas electorales. En principio el 59, indica que «el funcionario existe para la función» y no «la función para el funcionario.»

Las propias personas tendrían que retirarse al finalizar el período, ya que al haber una nueva proporción entre los Partidos Políticos, corresponde modificar las integraciones de los cuerpos de contralor.

Y para señalarnos mejor, el Art.77 en su inciso 6o. determina que : «Todas las Corporaciones de carácter electivo que se designen para intervenir en las cuestiones de sufragio, deberán ser elegidas con las garantías consignadas en este artículo.» Pero claro, el propio 77 en su inciso 7mo. establece que : «Toda nueva Ley de Registro Cívico o de Elecciones, así como toda modificación o interpretación de las vigentes requerirá 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara.» Y a renglón seguido explica que: «Esta mayoría especial regirá solo para las garantías del sufragio y elección, composición, funciones y procedimiento de la Corte Electoral y corporaciones electorales.»

La intención de quienes propusieron esta proporción fue aprovechada por la coalición conservadora, ya que el Partido mayoritario araña la cifra exigida y no consigue la renovación solo por su cuenta, de esa manera, nos encontramos actualmente con una Corte Electoral que no tiene nada que ver, en su integración, con el resultado del último acto eleccionario nacional. Es decir que quienes deben controlar, son delegados políticos que no tendrían que ocupar esos cargos. Y para colmo, ahora en marzo del 2006, ante una elección nacional de los Directores sociales del BPS, aparecen exigiendo condiciones y resaltando multas para los ancianos.

Solo en el Uruguay se ven estas cosas. Hay que reconocer la realidad, y si perdieron, dejen el lugar constitucional a quien le corresponde y no digan una cosa en sus discursos electorales y hagan otra entre cuatro paredes. Tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional ya tendrían que haber retirado sus Directores y haber acordado las nuevas integraciones de esas corporaciones.

Mientras pasa el tiempo la gente les sigue retirando su confianza, al comprobar la real intención politiquera que han utilizado durante tantos años. El menú está servido y habrá que votar con ellos el próximo 26, y aconsejamos una profunda revisión que determine bien claro los plazos legales para renovar la integración tanto de la Corte Electoral como del Tribunal de Cuentas, un trabajo que los especialistas deberán concretar y lograr su aprobación para que esto no se repita. *