Otra vez contra el ministro José Díaz

Las instancias previas a la discusión en la Cámara de Diputados de la moción de censura presentada por los legisladores del Partido Nacional con relación a la actuación del ministro del Interior, Dr. José Díaz, muestran que la jornada estaba llamada a ser una instancia sin efectos políticos sobre la composición del gabinete.

Pero, al mismo tiempo, el movimiento de los partidos de la oposición, porque también los colorados se sumarán a la moción de censura, muestra el modus operandi de unos partidos de oposición que no aciertan a encontrar el discurso y la posición adecuada para realizar sus ataques al gobierno.

La línea operativa de la oposición parece encaminarse al estilo de «golpeteo y desgaste», según expresión usada en otra época. Una acción de desgaste que planea sobre los problemas de la seguridad pública buscando la arista llamativa, la nota saliente y con repercusiones en los medios.

Golpeteo y desgaste político parlamentario con apoyo de una «artillería» mediática que tira sobre todo lo que se mueve, sin examinar contextos ni profundizar en los antecedentes. La clave de todo el operativo es la intención de colocarse en la cima de la ola de una opinión pública sensibilizada por el crecimiento, en intensidad y en cantidad, del delito.

No hay, en toda esta campaña, una actitud seria para examinar los problemas reales que vive la sociedad uruguaya. Los efectos, sobre dos o tres generaciones de uruguayos, de varios decenios de políticas económicas impulsadas bajo el tácito slogan del sálvese quien pueda que ha caracterizado a los defensores (y ejecutores) de las recetas neoliberales.

Los efectos devastadores de la escasez de recursos también sobre el conjunto del accionar del Estado, tanto en el terreno específico de la labor policial y penitenciaria como de sus áreas más amplias de acción social, como la educación, la salud, la vivienda, el planeamiento urbano, el desarrollo cultural y demás.

Un aparato de Estado empobrecido por la escasez de recursos en todas esas áreas, en un ciclo histórico que, precisamente, hacía más imperiosa e impostergable la presencia reguladora del Estado en el campo social, en los procesos de educación y recuperación social.

Los esfuerzos emprendidos para ir saliendo de la emergencia social, aliviar el hacinamiento carcelario y avanzar en la calificación y profesionalización de los servicios de seguridad son siempre de resultados lentos, poco estridentes. Se retrocede rápido, se recupera terreno con gran lentitud. Esa es una constante para este tipo de problemática en prácticamente todos los países de Latinoamérica.

La apuesta de la oposición a una aproximación mediática y publicitaria de estos problemas complejos no deja de tener relación con otro aspecto importante de la situación política que vive el país: la falta de una visión autocrítica de los partidos tradicionales acerca de cuáles fueron las razones de su derrota en las elecciones generales de octubre de 2004.

Si el pensamiento dominante en la oposición reitera la obcecada afirmación que los partidos tradicionales conducían al país por el buen camino, es lógico que ahora falten las propuestas de fondo con las cuales discutir y discrepar con el ministro del Interior. Examinar las raíces de los problemas actuales no hace sino mostrar los errores, omisiones y hasta aberraciones de las políticas sociales y de seguridad pública impulsadas por los gobiernos anteriores. *