En el campo laboral se juega el avance

Para un político lo más fácil es hacer «lo políticamente correcto», que es una forma elegante de decir lo que la gente quiere escuchar, aunque esté equivocada. Pero un político del cambio tiene que tener la valentía de salirse de esa trampa ideológica, con la intención de establecer parámetros de análisis que permitan superar etapas y trabajar en un sentido de futuro.

En estos días han ocurrido dos casos, vinculados a la esfera laboral que en mi opinión son trascendentes. Por un lado, gracias a la ley de fuero sindical, un trabajador fue restituido en su puesto de trabajo. Lo que fue tremendamente positivo para la democracia y para los trabajadores.

A la vez, todos sentimos un golpe en el alma porque la Justicia procesó a algunos trabajadores de la imprenta Vanni, que habían ocupado su lugar de trabajo.

Sobre el segundo caso no quiero dejarlo pasar sin expresar mi solidaridad con esos trabajadores y con sus familias. Pero esa solidaridad que manifiesto con autenticidad, no me puede impedir tratar de desentrañar qué situación estamos viviendo en el ámbito laboral.

Vayamos por partes. En las últimas semanas la derecha, tanto política como empresarial, ha desatado una batería de provocaciones, expulsando dirigentes sindicales. Parecería que la idea es radicalizar las posturas del movimiento sindical, cosa que en algunos casos, todo hace suponer, que logró.

Por falta de experiencia, pero fundamentalmente por la virulencia desatada por la derecha, sectores del movimiento sindical «entraron» en el juego y se vieron obligados a recurrir a las ocupaciones, lo que generó la aparición de intentos de creación de sindicatos amarillos como respuesta a las ocupaciones.

Ha hecho bien el gobierno con la presentación de un proyecto de ley de prevención de conflictos, que define etapas para llegar a una ocupación. En ese solo acto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que cuenta con nuestro apoyo político, apunta a reconocer el derecho de ocupación como prolongación del derecho de huelga. Pero, a la vez, establece instancias previas de negociación.

Con este proyecto el que sale favorecido es el derecho de huelga, a la vez que fortalece al sector más débil de la relación laboral, que es el asalariado. Esta nueva legalidad que intenta llevar adelante el gobierno del cambio y progresista, termina siendo una garantía para el sindicalismo uruguayo, que en la década del 90 se vio arrasado por el neoliberalismo imperante.

Entre «dejar hacer» y regular en pos del Uruguay productivo, estamos con lo segundo. Entre «lavarse las manos» y crear reglas de juego claras en las relaciones laborales y en defensa de los derechos de los trabajadores, estamos con lo segundo. Estas son las señales de un gobierno de izquierda, que no deja que las regulaciones de las relaciones laborales las haga el mercado.

Si el movimiento sindical comprende que la legalidad no lo ahoga, sino que le da oxígeno, los asalariados del país saldrán fortalecidos y con mayor capacidad de negociación con los empresarios, esos que aún no entienden que les llegó la hora de asumir sus responsabilidades ciudadanas y no solo sus intereses particulares.

Solo la legalidad, los acuerdos escritos y firmados por los actores laborales, permite avanzar en democracia, mejorando las condiciones para resolver las contradicciones que se generan en el seno del trabajo.

La ocupación de los lugares de trabajo en nuestro país tiene un significado histórico y de profunda raíz democrática si recordamos que fue con la huelga general y ocupación de los centros de trabajo que se enfrentó al golpe de Estado de 1973.

Reconocer la importancia de esa metodología de lucha ante una crisis institucional donde esté en peligro la democracia y las instituciones, no implica aceptarla a la apurada para resolver cualquier tipo de crisis laboral. Por eso el proyecto del gobierno es un paso adelante en materia de relaciones entre patrones y obreros, que consolida los avances que el pueblo unido ha ido logrando desde que la izquierda y el progresismo ganaron el gobierno.

Cualquier intento de separar al pueblo de este gobierno, que ha sido el artífice de la revolución laboral que se está procesando, es una profunda herida al bloque por el cambio que hoy está vigente en el país.

Tanto la fuerza política, como el gobierno y el PIT-CNT deben construir un inmediato campo de diálogo que pase por el respeto a todas las libertades sindicales, pero sabiendo administrar la actual correlación de fuerzas a favor de los asalariados.

Estas son horas de firmeza en los principios, de amplitud de miras, de confianza en que una nueva legalidad es el único camino para que no ocurran injusticias y errores. *