Avances en derechos laborales y sindicales

En un editorial reciente hicimos referencia a los avances logrados por el gobierno progresista en el campo de las relaciones laborales. Recordábamos –y vale la pena tenerlo presente– que la flexibilización de las relaciones laborales, una de las premisas del neoliberalismo y pilar del modelo aperturista, era presentada como una necesidad básica, como una condición sine qua non para atraer inversiones y promover el crecimiento. Las condiciones de trabajo, los salarios, la actividad sindical, los beneficios de los asalariados, debían regirse por el mercado, cuyas leyes (naturales pero implacables) regularían armoniosamente las relaciones laborales sin intervención del Estado. Lo que se proponían los gobiernos conservadores era, ni más ni menos, que implantar la ley de la selva, es decir la del más fuerte; era el sacrificio que se pedía a los asalariados para que el país pudiera desarrollarse.

A poco de asumir, las primeras medidas del nuevo gobierno estuvieron destinadas a dignificar al trabajador, a rescatarlo de la postergación de que había sido víctima. Así, se derogó el decreto que habilitaba a la Policía a desalojar los establecimientos que hubieran sido ocupados por sus trabajadores. Más adelante, la instalación de los consejos de salarios significó el retorno a la negociación colectiva de manera de propiciar una mejora en el poder adquisitivo de los salarios.

Finalmente, una ley de fuero sindical aprobada a fines del año pasado propende a garantizar la actividad de los dirigentes gremiales contra los abusos de los patronos.

Cada una de estas medidas fue duramente cuestionada por la oposición política y severamente censurada por las cámaras empresariales.

Pero curiosamente, también desde sectores de la propia izquierda surgen voces de protesta cuando el gobierno –al advertir carencias o inconvenientes en la aplicación de las disposiciones adoptadas– intenta corregir disfunciones. Concretamente, la ocupación de lugares de trabajo –considerada una extensión del derecho de huelga– se ha convertido en una herramienta de la que algunos gremios en conflicto han abusado. Es por ello que el gobierno ha remitido al Parlamento un proyecto de ley que regula ese derecho, de modo de equilibrar las cosas e impedir los excesos. Esta ley a estudio de los legisladores no debe verse como una marcha atrás o como una negación de principios básicos de la izquierda; se trata simplemente del propósito de corregir desviaciones.

El derecho de propiedad, consagrado en la Constitución de la República y amparado por la legislación vigente, no puede ser soslayado y debe ser protegido. Como ha dicho el doctor Juan Faroppa, viceministro del Interior, el triunfo de las fuerzas izquierdistas no implica que se haya instalado la revolución socialista, por lo que ese derecho se protege y se respeta.

Las posturas intransigentes parecen ignorar que la realidad nacional y la coyuntura internacional no son las mismas de hace cuarenta años. No tienen en cuenta que el doctor Vázquez no accedió al gobierno luego de una revolución armada que hubiera hecho tabla rasa del orden vigente y pudiera sepultar el antiguo régimen, confiscando los bienes y medios de producción de la burguesía e instaurando la propiedad colectiva; tales premisas no estuvieron ni están en el programa del Frente Amplio.

Por tanto, sigue vigente el régimen jurídico plasmado en la Constitución, las leyes, los decretos y toda norma en general. Y no olvidemos que ese ordenamiento legal es propio de un sistema capitalista, es el reflejo (integra la superestructura social) de un modo de producción que no sólo tolera sino que además promueve el afán de lucro y la acumulación de capital.

El gobierno y el cuerpo social todo estamos obligados a respetar ese ordenamiento jurídico. *