Los desafíos que enfrenta Michelle Bachelet

Por primera vez en la historia de Chile, la Presidencia de la República será ejercida por una mujer.

Ayer asumió la doctora Michelle Bachelet como presidenta del país trasandino, ungida por el 53,5 por ciento de los ciudadanos en el balotaje que la enfrentó con el candidato de la derecha.

Bachelet recibe un país en franco despegue y con un vigoroso crecimiento. Así lo señalan todos los indicadores macroeconómicos y así lo destacan todos los observadores, muchos de los cuales hacen propicia la ocasión para ensalzar las bondades de las políticas económicas aperturistas. Es posible oír y leer las loas cantadas a Lagos por los discípulos vernáculos de Milton Friedman en razón de los éxitos alcanzados durante su gestión.

Se destacan, entre otros, los siguientes logros:

Un crecimiento del Producto Bruto Interno del orden de 6,3 por ciento en 2005, y con la expectativa de que el índice se mantenga en 2006; el PBI per cápita asciende a siete mil quinientos dólares.

Una inflación controlada.

Casi 40 mil millones de dólares de exportaciones anuales.

Tratados de libre comercio con EEUU, la UE, Corea y China.

Una tasa de desempleo que ha caído a menos de ocho por ciento.

Disminución a 18 por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza.

Se nos dice que todos estos logros se deben a una política económica de apertura y de aliento al sector privado iniciada por la dictadura pinochetista y seguida por los gobiernos democráticos que la sucedieron.

No obstante, se olvida o se soslaya una realidad social que está lejos de reflejar esa aparente prosperidad que muestran las cifras.

En primer lugar, bueno es recordar que las iniquidades sociales, la brecha entre ricos y pobres, la injusta distribución de la riqueza se mantienen al punto que una de las prioridades de la flamante presidenta es paliar de alguna manera esos desfasajes sublevantes. Pese a los números estimulantes, Chile se ubica por debajo incluso de Uruguay en lo que respecta a la justicia distributiva. Puede inferirse de ello que si bien allí hay menos desocupación que en nuestro país, un número importante de los puestos de trabajo se pagan con salarios misérrimos.

El colega El Observador nos recuerda que el diez por ciento más rico de la población se lleva el 47 por ciento del total de los ingresos, mientras el 10 por ciento más pobre apenas alcanza a recibir el 1,2 por ciento.

Del mismo modo, resultan alarmantes los altos índices de delincuencia y, sobre todo, de delincuencia juvenil que se registran en Chile. A tal punto que desde hace un tiempo los dirigentes políticos conservadores tratan de impulsar la baja de la edad de imputabilidad.

El gobierno de Ricardo Lagos trató de implementar políticas sociales de contención que ayudaran a mitigar las injusticias y las patologías sociales. Pero el presidente saliente ha confesado su desazón por no haber logrado revertir de manera significativa la realidad.

El desafío que enfrenta ahora la novel presidenta radica precisamente en achicar la brecha entre ricos y pobres y en promover la generación de empleo de calidad con remuneraciones decorosas.

Finalmente, es preciso destacar los avances que se han registrado en Chile en lo que tiene que ver con la actuación de la Justicia en relación con el terrorismo de Estado durante la dictadura. En ese terreno, los uruguayos debemos reconocer la voluntad política por investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad, algo que en nuestro país sigue siendo una asignatura pendiente. *