Ediles procesados

La ciudad de Rivera está sacudida por un escándalo de proporciones en el que se hallan involucrados varios ediles y ex ediles pertenecientes a los dos partidos tradicionales.

Tal vez el hecho no habría trascendido el ámbito departamental y no habría tenido repercusión nacional de no ser por el número de ciudadanos sometidos a la Justicia y procesados por ésta en virtud de hallarlos incursos en «un delito continuado de fraude», según la tipificación del magistrado actuante. Hasta el viernes a última hora, los procesados sumaban 14, pues ese mismo día el juez decretó el procesamiento de diez ediles y ex ediles que se sumaron a los cuatro procesamientos decididos días atrás.

Sin perjuicio de que las actuaciones judiciales prosiguen y puede haber más procesamientos, la cifra de personas ya procesadas es significativa. No es común que en una sola causa judicial haya 14 personas consideradas culpables que ya fueron remitidas a prisión.

Los miembros de las Juntas Departamentales han estado desde hace mucho tiempo bajo la lupa. El hecho de tratarse de cargos honorarios –es decir que no perciben sueldo alguno por su tarea– hace que los ediles tengan ciertos beneficios como contrapartida, beneficios perfectamente legales, lícitos y legítimos por cuanto toda gestión gubernativa implica gastos varios. Pero esa misma circunstancia se presta a desviaciones e irregularidades; y ha sido aprovechada en algunos casos (y especialmente en este caso ocurrido en el departamento del norte) para obtener, ilegítimamente, un beneficio económico.

Recordemos que en 1972, cuando el ruido de botas y sables se hacía oír cada vez con mayor fuerza y los militares pretendían erigirse en fiscales implacables de la honradez administrativa, varios ediles de la Junta de Montevideo fueron denunciados por presuntas maniobras con vales de nafta y uso indebido de locomoción oficial. En aquella circunstancia la Justicia no halló pruebas suficientes para someter a los acusados a proceso, pero los militares (envalentonados por la luz verde otorgada por el gobierno para reprimir la protesta popular e imbuidos de ese espíritu mesiánico que los hizo autoproclamarse celosos custodios de la moral pública), despreciando la decisión judicial, detuvieron a los implicados y los mantuvieron algún tiempo presos en unidades militares. Este hecho fue convenientemente aprovechado por los golpistas para instalar en la población la idea de que todos los políticos son corruptos.

Hoy, cuando han transcurrido más de treinta años de aquel suceso, asistimos a una situación similar: varios ediles de Rivera fueron denunciados ante la Justicia por haber adulterado facturas correspondientes a gastos de representación. En esta ocasión, felizmente, el juez actuante ha encontrado pruebas (por lo menos la famosa semiplena prueba) que convalidan la denuncia y que han permitido la remisión a la cárcel de los implicados.

El hecho es auspicioso. Es una señal clara de que la Justicia actúa y de que hace lo posible para que no queden delitos impunes. La población, que reclama mayor rigor punitivo para arrebatadores y rapiñeros, también desea que los otros delincuentes, los de cuello duro y guante blanco, tampoco queden impunes y paguen por su conducta apartada de las leyes.

Y particularmente, el ciudadano medio no perdona que los gobernantes –no importa la jerarquía del cargo que ocupan– utilicen en su provecho prebendas y privilegios, y ve con satisfacción cuando el aparato estatal se pone en marcha para castigarlos.

La sociedad necesita volver a creer en sus gobernantes y en las instituciones. *