La lucha obrera en el gobierno progresista

Una tesis jurídica sostiene que la ocupación constituye una prolongación del derecho de huelga, aunque no se ha legislado aún, específicamente en cuanto al modo en que debe operarse el apoderamiento de los centros laborales. Se está ajustando un proyecto de ley que llevará la impronta de varios parlamentarios del gobierno y que guarda relación con un tema tan central. Si analizamos los hechos desde otro ángulo, podría afirmarse que el ejercicio de un derecho que lesiona otros de igual jerarquía puede llegar a constituir un abuso de derecho. Sepan disculpar ustedes la raigambre burguesa de este razonamiento. Es posible y cierto. Tan cierto como las declaraciones de un ministro vertidas días atrás con relación a hechos de violencia ocurridos en una curtiembre canaria. No estamos ni por asomo viviendo la revolución bolchevique de octubre de 1917. Somos sí parte de un tiempo histórico de un gobierno progresista del Frente Amplio, que votó e instrumentó una ley de fuero sindical que adecua un marco de negociaciones obrero-patronales mucho más estimulante para quienes a lo largo de décadas han perdido salario real y condiciones dignas de vida.

Sin embargo, a pesar de esta conquista trascendental en términos legislativos, tememos que algunos dirigentes sindicales, sin mayor experiencia, consideren que existen condiciones subjetivas y objetivas para extrapolar e implementar medidas de fuerza que comporten un desborde a sus legítimos reclamos y que crean que embistiendo para adelante, se conquistan determinados objetivos. Nos parece, humildemente, que en esa lógica estaríamos garantizándole a un grupo de presión determinado, a un sector de la población, la satisfacción de sus pretensiones en desmedro de otras personas físicas o jurídicas, contempladas también en nuestro ordenamiento legal. Para ningún ciudadano pueden pasar desapercibidos los desafortunados sucesos de la curtiembre Naussa. Aquél que crea profundamente en las instituciones democráticas siente repulsión por la golpiza recibida por trabajadores que ocupaban el establecimiento y fueron desalojados, e idéntica sensación por quienes rompieron los vidrios de los vehículos patronales, cuando estos abandonaron la fábrica. No sentimos luego de este insuceso que la clase obrera en general y un sindicato en particular hayan ganado algo. Es más. En la refriega que mostraron los medios observamos personas que nada tenían que ver con la fábrica y que estaban allí aportando su cuota de caos y provocación, mandatados seguramente por algún interesado en acrecentar la ola mediática de inseguridad pública.

Nosotros no cuestionamos ni cuestionaremos jamás los legítimos derechos que poseen los trabajadores de la curtiembre, a quienes se les adeudan meses de esfuerzo, beneficios sociales, y ocupan una fábrica como medida extrema cuando ven agotadas su paciencia y las imprescindibles instancias de diálogo para la obtención de lo que legítimamente pretenden.

Sí nos inquietaría que pudiera existir confusión de algunos dirigentes de clase, que va a contramano de la madurez y claridad de la mayoría de los conductores sindicales de nuestra central obrera para interpretar el tiempo histórico, la responsabilidad para la izquierda de gobernar y zanjar los conflictos de clase que continuarán aflorando en este presente de profundos cambios.

Retomando nuestra percepción del problema vinculado a las ocupaciones habidas y por haber, creemos que debe generarse a la brevedad un marco jurídico referido a estamentos de negociación previa a la toma de centros laborales tal cual se ha hecho público a efectos de ofrecerle a las partes en conflicto las mayores garantías. En particular las instancias de negociación que como requisito sine qua non deben establecerse en la propia empresa, luego en el Consejo de Salarios y en la rama de actividad que corresponda, momento en el cual ninguna de las partes pueda innovar agravando el conflicto.

Al tratarse de un tema laboral es la justicia del trabajo la que en caso de incumplimiento de alguna de las partes tendrá la potestad de acoger o no una acción de amparo y solicitar –si lo entiende pertinente– la ayuda de la fuerza pública.

Nos parece que por esta senda, en una contienda donde ambas partes poseen iguales derechos, los trabajadores y los empresarios encontrarán un espacio de resolución de controversias acorde con la sociedad democrática y participativa a la que refrendamos por razón y convicción.

Siempre creímos y seguiremos creyendo en la justicia, nos gusten o disgusten sus fallos. En suma, en la nueva iniciativa legal anunciada los señores jueces laborales tendrán la última palabra en estos dramáticos comparendos.

Nosotros hemos refrendado con nuestro voto al actual gobierno que trae en su mochila la pesada carga de resolver gran parte de estas contiendas, producto de años de inestabilidad laboral, despidos injustificados, no pago de aportes, salarios vergonzosos y explotación sin par.

En el devenir histórico y más cercano en el tiempo de la dictadura no recordamos a ningún poderoso dar su vida y sus mejores horas por la recuperación de la democracia y las libertades públicas. Tampoco por la plena vigencia de los derechos humanos.

Fue la sangre de trabajadores la que generosamente regó este suelo para que hoy, hombres y mujeres de distinta extracción social puedan construir un futuro de prosperidad para el Uruguay.

Apostaremos siempre a los consensos y al diálogo constructivo, a la buena fe de las partes en la defensa de intereses de clase tan contrapuestos.

No creemos que desde el estado y a este gobierno en particular, le vaya a faltar paciencia y voluntad para generar acuerdos. Sin embargo, a la hora de poner la casa en orden y de intentar enderezar un poquito el fiel de la balanza hay voces desde la oposición que exigen el restablecimiento y vigencia del Estado de Derecho, desmarcándose del pasado de flexibilidad laboral, de abusos patronales y de complicidad histórica con los intereses de las clases dominantes.

Por estas horas nuevamente voces vernáculas han proclamado el fin de las ideologías. Así también y por arte de magia se anuncia el fin de la tan temida lucha de clases, y todos deberíamos conformarnos en compartir un mundo insípido, inodoro e incoloro donde a juzgar de estas voces toda lógica basada en la legítima defensa de intereses de clase está perimida.

Sin embargo, a pesar de los agoreros y pese a quien le pese, la lucha obrera fue, es y continuará siendo garantía de cambio y progreso social. *