¿Qué se pretende?

La pretensión explícita de los piquetes que cortan las rutas hacia los puentes es, por su concepción, de una gravedad tal que cuesta trabajo admitir que el gobierno argentino todavía no haya intervenido para poner coto a tanta acción desubicada. Apuntan a que el gobierno uruguayo abdique de su soberanía, acepte la imposición que le hacen estos grupos y detenga la construcción de las dos plantas de elaboración de celulosa.

Quieren avasallar lo que decidió el gobierno de otro país, imponiendo la paralización de las obras, sin comprender que ello no es posible, especialmente, cuando con paciencia se ha probado que la tecnología que se utilizará en estas plantas evitará la contaminación y, si ocurriera otra cosa, existe el compromiso responsable del gobierno de este país de impedir su funcionamiento.

Pero parecería que a los piquetes de la frontera nada les sirve, metidos en una vorágine militantista, en una actitud prepotente, con pocos antecedentes en la zona que además, tiene el beneplácito de un gobierno complaciente, como el del Néstor Kirchner, que parece no advertir que con su actitud está rompiendo a jirones lo que quedaba en pie del Mercosur, un acuerdo regional que renguea y que luego de este escandaloso conflicto, puede terminar despedazado.

El in crescendo de las medidas de corte de rutas hacia los puentes, la dinámica militante de los piquetes en la frontera que, además, ya tienen vida propia, así lo parece indicar. Todo comenzó con el impulso dado por el gobernador Jorge Busti y por las guiñadas cómplices del propio Kirchner, que la máquina ha comenzado a matar al inventor. Nada contenta a los militantes en la frontera.

Es evidente que su movilización ya no tiene vinculación con una lucha contra una pretendida contaminación medioambiental, pues no atienden razones de ningún orden. El gobernador Busti requirió, porque él estimaba que era un organismo adecuado e idóneo, que el Banco Mundial se expidiera sobre el tema. Luego de un estudio quizás con debilidades, como lo subraya la propia entidad autora del mismo, su conclusión fue que las plantas no serán contaminantes. Por supuesto que esa conclusión no sirvió a Busti ni a los piqueteros, que rechazaron esas conclusiones. Ahora pretenden que sea el supremo Tribunal de La Haya el que se expida. Por supuesto, si impera la lógica, si los magistrados analizan lo que significa la tecnología que emplearán las dos plantas que se construyen, fallarán a favor de Uruguay.

A la luz de lo que está ocurriendo, de la intransigencia sectaria de los que están inmersos en esa campaña, suponemos que también rechazarán ese fallo y dirán del cuerpo de jueces que no es idóneo para ese tipo de decisiones y seguirán reclamando que se suspenda la construcción de las plantas de celulosa.

Estamos ante una situación límite, en que Uruguay tendrá que recurrir a los foros internacionales, como el de la OEA y el de las Naciones Unidas, porque están en juego cuestiones esenciales vinculadas a la esencia misma de los dos países como naciones soberanas. Los piqueteros quieren que el gobierno uruguayo acepte su imposición, totalmente fuera de lugar, de suspender la construcción.

Lo grave no es el disparate que algunos grupos privados puedan enarbolar como objetivo en una movilización de este tipo. Lo difícil de comprender es la actitud del gobierno argentino, que nada hace para regular las 14 plantas de elaboración de celulosa que funcionan en la Argentina, todas ellas basadas en una antigua tecnología y, por lo tanto, contaminantes del medio ambiente, pero que justifica estas movilizaciones. Con todo, eso no es lo peor: no mueve un dedo para hacer respetar la ley y las convenciones internacionales que establecen la libertad de tránsito.

Y tampoco nada hace para mantener vigente al Mercosur, que tanto menciona en los discursos el presidente argentino y, menos aún, para mantener sin fisuras la amistad centenaria de dos pueblos, dos países, la que no debe resquebrajerse en las discrepancias de una coyuntura. *