La política laboral del gobierno

Entre los numerosos frentes conflictivos en los que debe actuar el gobierno, destaca el de las relaciones laborales.

En un todo de acuerdo con postulados históricos de la izquierda y con el propósito de cumplir las promesas electorales estampadas en el programa de gobierno del Frente Amplio, los primeros pasos de la administración Vázquez apuntaron a revertir y corregir la tendencia desreguladora que los gobiernos anteriores habían iniciado, mantenido y profundizado.

La flexibilización de las relaciones laborales, una de las premisas del neoliberalismo y pilar del modelo aperturista, era presentada como una necesidad básica, como una condición sine qua non para atraer inversiones y promover el crecimiento. Las condiciones de trabajo, los salarios, la actividad sindical, los beneficios de los asalariados, debían regirse por el mercado, cuyas leyes (naturales pero implacables) regularían armoniosamente las relaciones laborales sin intervención del Estado. Era, ni más ni menos, que implantar la ley de la selva, es decir la del más fuerte; era el sacrificio que se pedía a los asalariados para que el país pudiera desarrollarse.

Como queda dicho al comienzo, las primeras medidas del nuevo gobierno estuvieron destinadas a dignificar al trabajador, a rescatarlo de la postergación de que había sido víctima. Así, se derogó el decreto que habilitaba a la Policía a desalojar los establecimientos que hubieran sido ocupados por sus trabajadores. Más adelante, la instalación de los consejos de salarios significó el retorno a la negociación colectiva de manera de propiciar una mejora en el poder adquisitivo de los salarios.

Finalmente, una ley de fuero sindical propende a garantizar la actividad de los dirigentes gremiales contra los abusos de los patronos.

Las clases dominantes pusieron el grito en el cielo. Cada una de estas medidas fueron duramente cuestionadas por la oposición política y severamente censuradas por las cámaras empresariales.

Sin embargo, inesperadamente, también desde sectores de la propia izquierda, surgen voces de protesta cuando el gobierno –al advertir carencias o inconvenientes en la aplicación de las disposiciones adoptadas– intenta corregir disfunciones. Concretamente, la ocupación de lugares de trabajo –considerada una extensión del derecho de huelga– se ha convertido en una herramienta de la que algunos gremios en conflicto han abusado. Es por ello que el gobierno se halla abocado a la redacción de una norma que regule ese derecho, de modo de equilibrar las cosas e impedir los excesos. Esta ley a estudio de los legisladores frentistas no debe verse como una marcha atrás o como una negación de principios básicos de la izquierda; se trata simplemente del saludable propósito de enmendar un pequeño error.

El derecho de propiedad, consagrado en la Constitución de la República y amparado por la legislación vigente, no puede ser soslayado y debe ser protegido. Como ha dicho el doctor Juan Faroppa, viceministro del Interior, el triunfo de las fuerzas izquierdistas no implica que se haya instalado la revolución socialista, por lo que ese derecho se protege y se respeta.

Más de una vez hemos sostenido desde estas páginas que la izquierda accedió al gobierno mediante elecciones libres, siguiendo los caminos previstos en la legislación vigente. No se llegó a la toma del poder por la vía violenta de una revuelta armada, por lo que el gobierno debe ser especialmente respetuoso de la Constitución y las leyes y debe velar por el respeto al orden jurídico. *