Ex presos y exiliados piden justicia

En pocos días el FA resolverá si impulsa en el Parlamento una ley que repare las graves secuelas que el terrorismo de Estado dejó en muchos compatriotas, refiriéndose a los casos de los ex presos políticos, exiliados y militantes clandestinos.

Hay un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que muchos consideramos insuficiente. Pero el debate no está, por ahora, en esas insuficiencias sino en saber si se vota o no un proyecto de ley de esas características, a la brevedad.

Si la duda subsiste es porque en el FA hay dirigentes que creen que ese no es un tema prioritario e incluso piensan que un ciudadano de izquierda no debe exigir que el Estado lo repare por haber sufrido las consecuencias de la dictadura.

En la izquierda se cree que por el solo hecho de ser de izquierda no se debe recibir ninguna compensación por los dolores sufridos. El propio Ché Guevara sería hoy crucificado éticamente por quienes se niegan a reparar a algunos de los sufrientes del terrorismo de Estado.

En su carta de despedida a Fidel, poco antes de partir de Cuba, el Ché dice: «Que no pido nada para ellos (sus hijos) pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse». ¿Alguien se atrevería a decir que Guevara se jugó la vida por sus ideales porque sabía que tenía el respaldo del Estado revolucionario cubano para atender a sus hijos? Nadie se atrevería a decir eso, como nadie se animaría a sostener que los uruguayos que se jugaron contra la dictadura lo hicieron pensando que algún día vendría una democracia que le tiraría algún peso jubilatorio.

¿Por qué hay renuencia a atender la crítica situación de la gran mayoría de los ex presos políticos, exiliados y clandestinos? ¿Por qué se reparó a los militares, uruguayos de uniforme, patriotas y constitucionalistas y no se hace lo mismo con los uruguayos de civil? ¿Reparar a un civil no es un buen ejemplo? A los buenos militares honestos, incluso se les atendió en su carrera militar y por ello lograron ascender en el escalafón.

Los que se niegan a acompañarnos en nuestros reclamos se mantienen en la negativa porque saben que no somos gente con la intención de lastimar al nuevo gobierno que también es nuestro.

En primer lugar estamos ante una cuestión de derechos humanos, tema fundamental para que la democracia avance. Sobre esto el senador Enrique Rubio fue explícito en una contratapa de LA REPUBLICA el pasado 14 de febrero: «No se trata de una cuestión administrativa ni meramente jubilatoria sino principalmente de las responsabilidades éticas de la democracia para con víctimas del terrorismo de Estado», dijo.

Me podría extender más y hacer llamados emotivos y sensibleros, poniendo casos concretos de hermanas y hermanos que están desesperados. No es el momento para hacerlo, entre otras cosas porque creo que en la izquierda este debate es ideológico o no es nada, y que tiene que ver con toda una concepción de la democracia y de cómo se hace justicia.

De no aprobarse una ley, sería no solo un grave error político, sino también una fuerte fisura en eso que se ha dado en llamar la comunidad de sangre.

Estamos ante una reparación que trasciende la vida concreta de cada uno de los aspirantes a una jubilación más o menos digna. Hijos y nietos de aquellos luchadores –buenos, malos o regulares, da lo mismo– no comprenderían realmente lo que pasó si sus mayores quedaran librados a la suerte del mercado, de la miseria humana. Realmente no quisiera estar en el pellejo de quienes van a tener que terminar, como pasó con Anselmo Grau, votándoles una presión graciable para que puedan comprar un poco de puré para que se alimenten o para pagar el cóctel que los libere del trágico fin de la vida.

Así están las cosas. *