Una nueva situación para los derechos humanos

Aunque por momentos algunos dirigentes políticos de los partidos tradicionales parecen perderlo de vista, en materia de derechos humanos y en especial su violación durante los amargos años de la dictadura, hay un antes y un después del advenimiento del gobierno frenteamplista. Un período se ha cerrado, el de los gobiernos que jugaron todas sus cartas, legales o fácticas, a favor de la impunidad, presionando a jueces y fiscales y siendo omisos en el cumplimiento de mandatos elementales del ordenamiento normativo vigente en el país, tal como ocurrió con el artículo 4 de la Ley de Caducidad.

El cambio hacia una política de atención a los derechos humanos no se sustancia por una decisión caprichosa de los gobernantes sino que surge como compromiso contraído con la ciudadanía a través de muchos años de movilización en torno a los reclamos de verdad y justicia y de recuperación de la memoria histórica.

En estos días y a medida que lentamente avanzan las investigaciones en terrenos militares u otros, el cuadro que ofrecen los distintos casos va variando, tal como ocurrió a partir de la identificación de Ubagesner Chávez Sosa. El expediente ha pasado ahora a la órbita del Poder Judicial, no ya como el de un ciudadano desaparecido sino como un caso de homicidio.

También han comenzado las actuaciones referidas a la muerte por torturas de la joven estudiante Nibya Sabalsagaray. Como recordaba en su edición de ayer LA REPUBLICA, «la militante comunista fue secuestrada por tres uniformados y dos personas de particular en la madrugada del 29 de junio de 1974 del Hogar de Hijos de Obreros de Campomar».

Lo nuevo de esta situación es que «el lunes deberá testificar el coronel (r) Chialanza, entonces jefe del Batallón de Ingenieros N° 5 donde la joven de 24 años fue torturada hasta morir».

Una tercera línea de indagaciones y definiciones se ha abierto a partir de las afirmaciones del nuevo comandante en jefe de la Armada, Hugo Fernández, en el sentido de que en el período que siguió a la dictadura se habrían destruido los archivos que referían a las persecuciones de «tipo ideológico».

Ante las impactantes declaraciones del oficial, los dirigentes de los partidos que resultan aludidos, sanguinettistas y lacallistas, se apresuraron a entonar los conocidos cánticos del «yo no fui», «yo no oí» y «yo no supe nada». Monótonas letanías en las que se hace patente una vez más la actitud de ligereza irresponsable con que se asumen problemas en los que está en juego el derecho a la vida de las personas.

Como se ha señalado, la destrucción de documentación oficial es un delito. Y lo es especialmente agravado cuando de lo que se trata es de violaciones a los derechos humanos. Cuando lo que está en juego son valores sustantivos para la convivencia entre las personas.

Los tres casos aludidos han pasado ahora al ámbito del que nunca debieron salir: el Poder Judicial.

Este hecho tiende a configurar una línea de tratamiento completamente nueva y distinta ya que, hasta ahora, los magistrados y fiscales habían estado apartados en virtud de la Ley de Caducidad y de la extensión en el terreno de los hechos del «espíritu de la ley» con que se logró bloquear cualquier abordaje calificado e independiente de la pesada carga que significan los asesinatos y desapariciones del período dictatorial.

De este modo se irán abordando algunos de los problemas que han quedado como asignatura pendiente. Hay otros, como la necesidad de atender la reparación de los presos políticos y de todos los golpeados en sus derechos de todo tipo por haber conocido las distintas formas de la represión. *