Menores infractores

El conflicto desatado en la Colonia Berro el viernes de noche deja al desnudo –como señalamos en nuestro editorial de ayer– la dolorosa realidad de una institución estatal desbordada, que tiene dificultades materiales para cumplir su función de rehabilitar a los jóvenes internados.

Pero al mismo tiempo, el episodio revela un problema de fondo más grave aun: el de la minoridad infractora.

Un día sí y otro también, la crónica policial nos informa de arrebatos, asaltos, amenazas, agresiones, cuyos autores son niños que por lo general actúan bajo la atenta vigilancia de mayores.

El problema de la pobreza, la marginación y la delincuencia juvenil no es de ahora. En el Uruguay próspero de los años cincuenta también había cantegriles, miseria, delincuencia y menores infractores. Pero el crecimiento exponencial del número de uruguayos en situación de pobreza que se verifica desde hace ya unos cuantos años, ha hecho que la situación adquiera características explosivas.

Año a año, las cifras del Instituto Nacional de Estadística confirman los escandalosos porcentajes de pobreza e indigencia, con el agravante del fenómeno de infantilización de la pobreza.

Las consecuencias de ese deterioro material son por todos conocidas. Diariamente, y corriendo el riesgo de terminar por acostumbrarnos al espectáculo, podemos ver a esos miles de niños dedicados a actividades que, en el mejor de los casos, se vinculan con el pedido de limosna o la limpieza de parabrisas; pero cada vez más, los menores –la mayoría de las veces actuando por orden de mayores– atraviesan la línea divisoria y caen en infracciones previstas en el Código Penal.

Frente a esta realidad, la reacción primaria –casi primitiva– del ciudadano medio consiste en reclamar mayor vigilancia y mayor rigor punitivo por parte de las autoridades. Sin embargo, todos sabemos que el recurso de las soluciones meramente represivas no resuelve el mal, y que es preciso atacar las causas y el origen de ese incremento de la delincuencia juvenil.

Durante el último año, fueron numerosas las acciones emprendidas desde el Estado para atender esta dolorosa realidad, para lo cual ha contado con el valioso aporte de organizaciones no gubernamentales. El Plan de Emergencia puesto en práctica por el gobierno actual es un primer paso hacia el rescate de los uruguayos excluidos y apunta a no limitarse al mero asistencialismo. Del mismo modo, el Plan Invierno instrumentado por la IMM, al tiempo que brinda cobijo intenta desarrollar una importante y plausible tarea de reinserción social.

Pero es preciso no olvidar que el origen del drama que viven tantos compatriotas hay que buscarlo en el desempleo, el desarraigo, el bajo nivel de ingresos, las dificultades para cumplir con la responsabilidad paterna, el descaecimiento de los patrones morales y de los principios. Y todo ello configura un círculo vicioso del que resulta prácticamente imposible escapar. Pensemos que para una considerable mayoría de hogares, mantener a los jóvenes hasta que concluyan sus estudios resulta un lujo que no pueden darse, por lo que los hijos deben ocuparse de contribuir a los ingresos del núcleo familiar. En tales circunstancias, lo más probable es que abandonen los estudios, con lo cual esos niños y jóvenes uruguayos ven cerrarse las posibilidades de acceder a un empleo digno.

Entonces, si no se ataca el huevo de la serpiente, si no se modifican las condiciones económicas, sociales y culturales que impulsan a los niños a desertar del sistema educativo, estaremos condenados a reproducir el fenómeno indefinidamente, pues la usina generadora de miseria y exclusión se mantendrá intacta. *