Una larga y fundada demanda de justicia

En su edición de ayer, LA REPUBLICA daba cuenta del envío al fiscal Enrique Moller de una carta firmada por organismos de derechos humanos de la Argentina y de Uruguay y por personalidades como don Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y valeroso y tenaz luchador por los derechos humanos.

En la misma se rechaza la decisión del fiscal Enrique Moller y del Tribunal de Apelaciones que validó su sentencia considerando que los delitos de desaparición en 1976 de María Claudia García y la apropiación de su hija recién nacida estarían comprendidos en la Ley de Caducidad.

La carta, firmada por ciudadanos argentinos y uruguayos y por la Asociación de Familiares de Desaparecidos uruguayos, muestra que la lucha por la verdad y la justicia mantiene su vigor y concita adhesiones entre los organismos representativos de una larga gesta contra el olvido y la impunidad con las que las dictaduras terroristas de los años 70 y 80 pretendieron «dar vuelta la página» después de las acciones brutales de represión que llevaron a cabo.

Por otra parte, el seguimiento atento de la línea de procedimientos y de sentencias plasmadas en el Poder Judicial de nuestro país da una idea de lo fuerte que siguen siendo los reflejos y las concepciones de buena parte de los funcionarios y jerarcas de nuestro sistema judicial, todavía demasiado impregnado por las concepciones vigentes durante la dictadura que se mantuvieron presentes durante los años siguientes cuando la defensa de la impunidad fue la divisa de los distintos gobiernos.

El Tribunal de Apelaciones (integrado por los doctores Gómez Tedeschi, Corujo y la doctora Minvielle), confirmó la tesitura de Moller y defendiendo la tesis paradójica que dada la resolución del presidente Jorge Batlle, considerando que los delitos contra María Claudia y su beba estaban comprendidos en la Ley de Caducidad, eso impedía la resolución del actual presidente Vázquez sosteniendo que no se halla comprendida.

De modo que, sin que existieran actuaciones de ninguna índole, sin haber sido citado en sede judicial ni en ninguna otra, ninguno de los militares uruguayos acerca de cuya participación en los secuestros existen numerosos testimonios, para el Poder Judicial uruguayo el asunto se considera «cosa juzgada».

Estos movimientos, como todos los que los antecedieron, no están en condiciones de dar una ‘solución definitiva’ a la situación creada por los aberrantes crímenes contra María Claudia y su beba. Se trata de dilatorias, de ir ganando tiempo.

Los crímenes que se pretende olvidar amparándolos en la Ley de Caducidad tienen, en el caso de María Claudia García, un sinnúmero de testigos presenciales.

Testigos que han realizado sus declaraciones ante magistrados de Uruguay y magistrados de otros países, como el juez Baltasar Garzón de la Audiencia de Madrid.

También lo han hecho ante jueces y fiscales argentinos y es desde ahí de donde provienen los requerimientos para interrogar a los funcionarios que revistaban en el establecimiento clandestino de reclusión conocido como «Automotores Orletti»: Gavazzo, Silveira, Cordero, Rodríguez Buratti y demás «comandos» que operaron en Argentina en aquellos años.

Justamente desde la República Argentina se sustanciarán los pedidos de extradición para estos oficiales que hasta ahora han logrado, merced al apoyo y la complicidad de los dirigentes políticos de los partidos tradicionales, mantenerse en la más absoluta impunidad.

La existencia de gobiernos decididos a defender los derechos humanos y comprometidos en la lucha por la verdad y la justicia en ambas márgenes del Río de la Plata ha creado, por fin, las condiciones para que estos individuos sean finalmente sentados frente a un juez y conminados a responder a sus preguntas. Todo parece indicar que no será necesario esperar mucho para que esta situación se materialice. *