El affaire Lebel-Bello no es un caso banal

Ha trascendido en la prensa de estos días, un incidente cuyas características no han sido analizadas con la profundidad que la gravedad del hecho amerita. Recogemos de la prensa (1) que, a la salida de una actividad de trabajo, en la sede del MTOP, el contralmirante (r) Oscar Lebel y el contralmirante (r) Jorge Bello, estuvieron a punto de irse a las manos.

El incidente se suscitó, ante una recriminación de Lebel, dado que Bello se refirió al general Líber Seregni utilizando los calificativos de «hijo de puta» y «traidor», subiendo la apuesta de lo ya manifestado en una reunión realizada «tiempo atrás» en el recinto de la Fundación Vivian Trías, en que utilizó únicamente el segundo de los calificativos, provocando en aquel momento una primera reacción de Lebel, y generando un ambiente de hostilidad entre ambos, que, a la vista está, se mantiene.

La citada información, ratificada posteriormente en Carta de los lectores por la Dirección del matutino, refiere a Bello como «asesor del Partido Socialista», y a la vez, ocupando el cargo gubernamental de«presidente de la Comisión Técnica Mixta dell Río de la Plata.»

En la Mesa Política del FA del 30/1/06, cuyo Orden del día establecía, como es de estilo, un informe del compañero Brovetto sobre la situación política, con extraña diligencia, se puso como primer punto del O/D, la consideración de un hecho interno provocado por unas palabras «hostiles» volcadas a la prensa por el edil del «Movimiento 26 de marzo» de Maldonado compañero Aquiles Gómez, que al referirse a ciertas actitudes políticas de compañeros en cargos de gobierno, respecto al camino que ha elegido el mismo en referencia a las relaciones con USA, los llamó «cipayos».

Llamativamente, la situación planteada en lo que hemos llamado el affaire Lebel-Bello, no había merecido ninguna mención en la citada Mesa Política, hasta el momento en que fue mencionado en la misma por el compañero Pittaluga (20 de Mayo), a raíz de ver una referencia velada, nada aclaratoria, en un informe entrado por la Vertiente Artiguista, en el que, en una parte del mismo, se solidariza con lo actuado por Lebel, sin especificar el fondo del incidente.

El asunto en sí, es de extrema gravedad. Y cabe centrarse en la esencia del problema.

1-Si Bello fuera un «frenteamplista orgánico» (afiliado a un comité y cotizante), de hecho y de derecho, entendemos que correspondería enviar su caso al Tribunal de Conducta Política, sin perjuicio de las atribuciones de éste para considerar el caso «de oficio».

2-. Si no lo fuera, y fuera un «mero (?) asesor del PS», es a este último a quién le correspondería abrir la vía adecuada del procedimiento de los graves hechos suscitados.

3- De tratarse del caso de no ser ni frenteamplista ni asesor del PS, igualmente corresponde tomar cartas en el asunto a las autoridades del gobierno, dado que estamos ante un «caso clavado» de «infiltración» de un convicto y confeso golpista en los cuadros activos del gobierno, lo que constituye el más grave de los tres posibles involucramientos.

El otro epíteto empleado, con ser desconsiderado y repudiable, puede ser explicado por un momento de calentura, que podemos padecer cualquiera de nosotros, en el diario trajinar callejero.

Pero es el calificativo de «traidor», que pone en evidencia el aspecto filosófico denigrante de quien, según se expresa en la nota referida, está representando y aparentemente en condiciones jurídicas de defender nuestros más soberanos intereses.

Mal lo puede hacer un «golpista» que no ha asimilado en más de treinta años de escuchar el repicar de las campanas democráticas, antifascistas, y de repudio popular a las actitudes a que llegó la dictadura cívico militar que padecimos. La utilización del termino traidor, para referirse a un militar que defendió hasta con la pérdida de su libertad por tantos años su irrenunciable apego a la Constitución y la ley de la República, ubica a ese desubicado entre los aun hoy, resentidos que consideran que su actuación fue correcta y no han asumido la imprescindible tarea de realizar la autocrítica necesaria. Lamentablemente, la justicia (con deliberada minúscula) no ha actuado aún para ponerlos en el justo lugar que les corresponde, cosa que ya ha hecho la Historia. Sería además, ridículo que se le pueda estar considerando, dados tales antecedentes, como un posible integrante de nuestra fuerza política. Mucho menos aun en carácter de asesor de uno de sus partidos integrantes.

Y muchísimo menos aun, pensar que pueda estar ocupando un cargo, designado a esos efectos por nuestro gobierno, o con su pasiva aquiescencia. Aunque haya ya otros casos similares, contra los que hemos luchado y continuamos luchando aún sin éxito, y continuaremos luchando hasta la total victoria.

Suponemos que la Mesa Política, en su nuevo periplo, necesariamente más efectivo, no pondrá en el «cajón del olvido», este caso, y tomará la única medida posible para una situación tan meridianamente clara: el mandato imperativo a «su» gobierno para que proceda a la inmediata remoción del mencionado funcionario. Y que sirva de antecedente inmediato para otros casos lamentablemente vigentes, que aún continúan sin la solución imprescindible y deseada. *

 

(1) La Republica 18/1/06 pag. 9.