Nada saben, nunca vieron, jamás oyeron

De acuerdo con la reseña realizada en la edición de ayer de LA REPUBLICA, las declaraciones formuladas al asumir el cargo por el contralmirante Juan Fernández sobre que «el arma destruyó archivos que había hecho hace 30 años, con fichas de personas que pertenecían a determinados partidos», provocó, como es notorio, una sucesión de declaraciones de integrantes de los gobiernos blancos y colorados que se sucedieron en el país después de la dictadura. El comandante de la Marina agregó que «las investigaciones no están cerradas y, si el Presidente nos pide seguir buscando, así se hará».

Las revelaciones de Juan Fernández constituyen a la vez una información y una señal indicadora de un rumbo. Como información su importancia es relativa, ya que lo usual en este tipo de documentos, que se habrían destruido, es que se elaboran y se atesoran por más de una vía. De modo que nada es descartable en ese terreno.

La Armada tendrá que seguir buscando y no parece que sea necesario para eso que el Presidente de la República tenga que reiterar la orden de brindar la información disponible sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Para eso las nuevas autoridades no tienen sino que proceder con el que le llevó el mensaje a García. No hay mucho que preguntar sino encontrar a García y entregarle el mensaje.

La información en cuanto a la procedencia de las órdenes de destrucción de los archivos ha sido desmentida en reiteración por varios ex ministros y ex presidentes del período que se indica.

Las declaraciones son un verdadero muestrario de nadas, nuncas y jamases. Ningún ministro de Defensa, ningún presidente o vice vio nada nunca. En realidad la apurada respuesta al militar se puede sintetizar en nadie, nunca, nada. Resalta en ese escurrir el bulto, la actitud del ex ministro de defensa Yamandú Fau.

El problema pues está abierto. En forma tardía pero ha sido enunciado por el jerarca máximo de la Marina de guerra del país. Decíamos más arriba que es una señal. Lo es en la medida que el proceso de sustentación política e ideológica de la Ley de Caducidad y luego del espíritu de la ley de impunidad fue una construcción cívico-militar.

Los principales defensores de la caducidad fueron civiles que ocupaban posiciones de gobierno entre fines de los ochenta y fines de los noventa, que es el período al que hace referencia el comandante Juan Fernández en su discurso.

Más allá de la contradicción que ahora emerge lo que está en pie es la voluntad del gobierno de avanzar en la senda trazada de búsqueda de la verdad. En esa dirección se está cumpliendo con el mandato de la ciudadanía, que ha hecho de ese objetivo un rasgo infaltable en el modelo de país en el que se quiere habitar.

Al mismo tiempo, la afirmación institucional del poder civil, nacido del pronunciamiento de las urnas y legitimado por el conjunto de las estructuras del Estado de Derecho, es un anhelo que la persistencia de la impunidad y el silencio sobre los delitos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura, es un anhelo sentido por la inmensa mayoría de los uruguayos.

Todo parece indicar que el recambio en la titularidad de los mandos de las Fuerzas Armadas, uno de los capítulos esenciales de la labor de este gobierno progresista, significa un paso adelante más en el demorado tránsito hacia la plena vigencia del sistema de garantías de la democracia.

Fueron necesarios más de veinte años para que el programa democrático por el que bregó la ciudadanía en la década del ochenta se plasmara en resoluciones precisas y firmes. Actos de gobierno que no son otra cosa que poner en su lugar y en estado de vigencia efectiva a la Constitución de la República. *