Un policía no es un militar

Lo decía el abogado y general Darío Corgatelli en ocasión de asumir la Jefatura de la Policía de Montevideo el 28 de febrero de 1985, la primera en la recién recobrada democracia reivindicando el espíritu de la vieja Guardia Civil que alguna vez había informado a los cuerpos de vigilancia, prevención de delitos y salvaguardia de la vida humana, dependientes del Ministerio del Interior.

Lo comentamos nosotros por cuanto los hechos de pública notoriedad han acentuado el reclamo de la intervención de las FFAA en las tareas de seguridad ciudadana por parte de varios estratos de la sociedad. Y no los más pobres precisamente.

Son cosas distintas el soldado y el agente. Porque si bien ambos pertenecen a institutos cuya existencia es inherente a la condición del Estado como tal, su función –y por ende su formación– se encuadra dentro de parámetros distintos, –ni mejores ni peores–, sólo distintos. El uno es militar, se le educa para la guerra y se le prioriza la eliminación física del enemigo, cualesquiera sean los métodos empleados: (proyectil, bayoneta o lanzallamas). El otro es civil, no tiene «enemigos» (sólo adversarios), y se le educa para la paz. El uno es puño, el otro, escudo. Un policía debe tener el cristiano sentido de «poner la mejilla», cuando en el cumplimiento de su labor específica recibe la agresión verbal o física de quienes actúan fuera de la ley, ya sean estudiantes, trabajadores, roqueros o hinchas de fútbol exaltados. Esto, que es muy difícil para el policía, es imposible para el militar. El policía reprime corrigiendo. El soldado mata. Para el policía, aun el peor delincuente es un ciudadano que debe ser preservado, educado y devuelto a la sociedad porque ese delincuente no es un enemigo sino un enfermo que debe ser puesto en manos de un cuerpo especializado (la Justicia civil) para que decida su destino último: libertad, si no hay pruebas, prisión si hay méritos para ello. Pero, y las diferencias entre militares y policías siguen, si el magistrado decide el envío del preso a un instituto de reclusión, la cárcel no es un campo de prisioneros, ni en lo real ni en lo formal. En estos últimos, el cumplimiento de las leyes que provee la Convención de Ginebra, es siempre aleatoria y se debe más al temor a la represalia contra los prisioneros propios, que a razones humanitarias. En la cárcel los detenidos tienen o deben tener las garantías que dan, tanto la judicatura como la presencia de una prensa independiente. Así es en los países civilizados y democráticos. Para garantía del ciudadano común, pero antes que nada para el propio funcionario policial, tantas veces sometido a una labor ingrata, peligrosa y no siempre comprendida. Repitámoslo. La Policía no es militar, es civil y la garantía de la estabilidad interna reside en que se ahonde tal concepción. Por tanto no le deben comprender, ni los fueros, ni las costumbres ni los códigos militares. La sociedad uruguaya no escapa a lo que es casi una constante en el mundo entero, en lo relativo al relacionamiento civil-policial-militar. Esto es, cuestionar los gastos militares, cuando no la función misma de las FFAA, y paralelamente aprobarlos cuando se aplican a la Policía. Cuando el gran problema de la Policía es la falta de equipamiento adecuado y la baja remuneración de sus funcionarios, flaco favor le haríamos al instituto si todavía lo sometemos al rigor de anacrónicos reglamentos capaces de sostener que «las FFAA son una institución de excepción diferenciada de la sociedad civil».

El policía está permanentemente bajo la lupa de la atención ciudadana. En eso reside toda su grandeza y a veces toda su miseria. Nosotros apostamos a la grandeza. Que así sea. *