Sacar réditos políticos de la inseguridad pública

Cualquier ciudadano que lea con atención el tratamiento que varios medios de comunicación le vienen dando a los problemas de la seguridad pública y su quebrantamiento en varios episodios dolorosos, podrá percibir que, en buena parte de las informaciones y puntos de vista que se trasmiten acerca del asunto hay una manifiesta voluntad de extraer de los sucesos unas conclusiones que permitan golpear al gobierno.

Se trata de una forma especialmente insidiosa de la demagogia que aquí pretende movilizar a la opinión pública usando el estado de inquietud e intranquilidad que algunos actos delictivos graves han suscitado en la población.

Para la sociedad uruguaya y para las autoridades, los actos de violencia contra las personas constituyen un problema serio y difícil de resolver. Una cuestión que, justamente, no admite ni la simplificación ni el oportunismo con que pretenden despacharse las derechas.

Una de las claves aparece apenas se examinan las raíces sociales de la exclusión, las consecuencias que apareja sobre el cuerpo social el aumento de la marginalidad, la desocupación y las dificultades de desempeño de los servicios públicos en las áreas más empobrecidas de la población.

Se trata entonces de un problema que hunde sus raíces en la propia estructura económico social del país y remite a los problemas del estancamiento económico, la falta de oportunidades de empleo, los deficientes desempeños en la mejora de los servicios y las condiciones de vida de una parte considerable de la población, tanto urbana como rural.

En tanto problema estructural y de origen socioeconómico resulta claro que no será sencillo de resolver ni para las autoridades actuales ni para las que asuman en un futuro cercano, como no lo fue para los gobiernos anteriores que enfrentaron niveles de violencia e inseguridad iguales o peores a los que hoy afloran.

Para Búsqueda: «Hay responsabilidad en un gobierno que ya lleva un año al frente del país y que tomó medidas muy específicas en este tema que dieron exactamente la señal opuesta a lo que la población quería».

Y más adelante agrega: «Aplicar más rigor y severidad a delitos y crímenes cometidos por menores no implica usar el mismo código que se utiliza para adultos. Pero no por ser menores dejan de ser merecedores de sanciones y medidas ejemplarizantes, aplicadas por organismos especializados en jóvenes y con criterios propios para esa edad. Aunque no hay que engañarse: hoy algunos jóvenes maduran a velocidad asombrosa en ciertas cosas (en otras no), conocen la calle, se inician sexualmente mucho antes, toman decisiones temerarias que pocos adultos se animarían a tomar, tienen independencia total de su familia (si es que hay una), viven de sus propios recursos (mal habidos, por cierto) y se sienten libres de tomar droga cuando y como les plazca. No son inocentes corderitos y ese dato es crucial al abordar el tema».

En estos análisis y en otros que proliferan haciendo gala de una simplificación preocupante no se examina cuáles son las raíces de esta grave situación. No son capaces de vincular las realidades de hoy con las políticas económicas y sociales que desde hace decenios defendieron la consigna de «la supremacía del más apto» y presionaron para que el Estado procediera a desmantelar los servicios sociales y se despreocupara de todo interés por los problemas del empleo.

El mercado, el todopoderoso Dios del Mercado proveería las soluciones a los problemas de la miseria obrera, la marginalidad y la exclusión.

Los hechos de violencia muestran una vez más cómo esas apuestas al llamado «libre juego» de los mercados es conceptualmente capciosa, esencialmente falsa. Sin una presencia de la sociedad organizada en el Estado, sin políticas activas de empleo y sin atención intensa a los problemas sociales, la sociedad permanecerá expuesta a los estremecimientos de la situación actual y pasada. Sobre la dramática situación no tienen credenciales para pontificar quienes han sido alentadores y protagonistas del modelo económico y social plasmado en el libremercadismo neoliberal.