Denuncian el espionaje interno en los Estados Unidos

En estos días, al tiempo que la violencia recrudece en Irak, las voces de dos prestigiosas organizaciones que militan en el campo de la defensa de los Derechos Humanos se han alzado ante la Justicia Federal de los Estados Unidos para demandar al presidente George W. Bush por la realización de espionaje ilegal.

De acuerdo con una información detallada realizada por David Brooks, corresponsal en los EEUU del diario mexicano La Jornada: «Las organizaciones, El Centro de Derechos Constitucionales (CCR) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han solicitado, por separado, que los tribunales ordenen la suspensión inmediata del programa secreto por ilegal e inconstitucional, mientras se determina si la operación fue empleada para monitorear las actividades de unos 10 abogados, activistas políticos, periodistas y otros estadounidenses, lo cual, argumentan, sería un abuso de la autoridad presidencial con ecos a los programas empleados por el gobierno para espiar a opositores a sus políticas en los 60 y 70.

Fueron los abusos de hace unas décadas los que llevaron al Congreso a promulgar la ley que limita las operaciones de espionaje doméstico y obliga al Ejecutivo a solicitar autorización explícita para realizar vigilancia -incluso electrónica- a estadounidenses dentro del país».

Las operaciones de espionaje se vienen a sumar con las reiteradas denuncias sobre la aplicación de torturas a los detenidos por sospecha de terrorismo y de la existencia de vuelos en el espacio aéreo europeo y la sospecha, cada vez más extendida, de que en Europa central y Europa oriental existen establecimientos clandestinos de detención.

Como, además, cada vez se ve con menos claridad cuál será y, sobre todo, cuándo se producirá un desenlace para la invasión a Irak, existe la fundada preocupación acerca de hacia dónde va el Estado norteamericano.

Una preocupación que no es nueva pero que ahora, impulsada por la administración Bush tiene una audacia y un desparpajo que nunca antes había aflorado con tanta claridad.

Agrega el periodista de La Jornada: «Las dos demandas tienen la intención de detectar si el programa fue empleado para intervenir comunicaciones internacionales de dos grupos de demandantes. CCR sospecha que el programa podría haber sido empleado para monitorear las comunicaciones de cuatro de sus abogados y un asistente legal que están trabajando en casos legales en torno a detenidos en Guantánamo y otros lugares en el extranjero. La demanda de la ACLU se presenta en nombre de académicos en universidades, el editor de una revista, Greenpeace y un grupo de defensa de la comunidad islámica.

Entre los demandantes que participan en el caso presentado por la ACLU está James Bamford, escritor, periodista y uno de los expertos más reconocidos sobre la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), entidad secreta que realiza el monitoreo de comunicaciones y que está al centro de esta controversia. Bamford declaró al New York Times que «esto es un regreso a los malos días de la NSA», cuando la agencia realizó espionaje doméstico contra opositores del gobierno de Richard Nixon».

Si, por un lado, se justifica la aprensión por los métodos de control ejercidos por el Estado norteamericano, vale la pena constatar la existencia, pese a tener que remar contracorriente, de individuos y organizaciones que no se arredran a la hora de denunciar públicamente los atropellos de los organismos de seguridad del Estado.

Esa lucha forma parte, también, de la batalla titánica que en todo el mundo se desarrolló en defensa de la paz y las libertades públicas y contra la guerra, la intolerancia y la represión. *