A propósito de unidad partidaria

En estos días algunos dirigentes nacionalistas se han referido a la existencia de opiniones diversas en el seno del gobierno frenteamplista.

Con una solemnidad y un entusiasmo digno de mejor causa, asumen un tono admonitorio para sentenciar, por ejemplo, afirmaciones como las que siguen: «Los gobiernos de los países, entre otras cosas, tienen que tener el mayor grado de certeza posible sobre hacia dónde se está caminando para que todos los demás involucrados, los terceros, los locales, los inversores, los industriales, los comerciantes, a partir de ese tipo de definiciones, construyan sus decisiones individuales».

Parecería que estos dirigentes a lo largo de su carrera solo hubieran actuado políticamente en formaciones partidarias dotadas de gran coherencia doctrinaria y de una gran unidad en la hora de la acción de gobierno.

Lamentablemente en los últimos decenios, ni el Partido Colorado ni –mucho menos– el Partido Nacional han dado muestras de una vida interna y de una actuación política con rasgos como ahora se le exigen al gobierno progresista.

Las certezas y claridad de rumbos que esos partidos han podido dar en su estadía en el gobierno han sido limitadas al manejo de sus elites, de los grupos y personalidades que mantienen el control del aparato estatal y partidario, prácticamente fusionados.

No ha habido en esos partidos ningún esfuerzo por democratizar las estructuras partidarias y generar instancias de participación de aquellos sectores de la ciudadanía blanca y colorada que mantienen una identificación con el partido pero que no se dedican profesionalmente a la política.

Ese es el esfuerzo que, justamente, ha venido intentando desarrollar el Frente Amplio. Y en ese sentido constituye una experiencia innovadora en el panorama político nacional.

Ningún dirigente blanco o colorado debería olvidar que la única instancia democrática que las elites dirigentes de los partidos tradicionales le brindaron a sus electores fue la instancia del 31 de octubre. Y en esa los llamados a decidir, aquellos en quienes se depositó la facultad de elegir, dieron rotundamente la espalda a los tradicionales.

A nadie se le escapa que en el momento actual hay zonas de la opinión frenteamplista que se muestran divergentes. O al menos algunos dirigentes con cargos en el Poder Ejecutivo dan muestras de discrepar con otros, también en el elenco de gobierno.

Esa circunstancia es un desafío que las fuerzas progresistas tendrán que resolver: cómo articular la democracia interna con la coherencia en la hora de adoptar decisiones como gobierno.

Sea como sea, resulta un poco fuera de lugar que desde partidos que han tenido fracturas históricas de la índole de las que sacudieron especialmente al Partido Nacional, se pretenda disponer de autoridad política como para reclamar perentoriamente la existencia de un monolitismo doctrinario absoluto en filas de los partidos de gobierno.

Los hombres y mujeres que componen la fuerza política tienen un grado de identificación política e ideológica importante, estando estructurados como están en un frente que se reconoce como originado en vertientes plurales. Todos se pronunciaron y militaron contra la dictadura. No hubo frentistas en el Consejo de Estado que usurpó las funciones legislativas durante la dictadura. Como no lo hubo en ningún cargo de gobierno nacional o departamental. Todos han luchado y luchan por la verdad e impulsan un proceso de intervención de la justicia y el fin de la impunidad en nuestro país.

No es el caso de los partidos tradicionales cuyos gobierno, desde 1985 hasta el 2005 proveyeron de la cobertura institucional y política a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura. *