Memoria, verdad y justicia de nuestro pasado reciente

Al corresponder a Uruguay la presidencia pro tempore del Mercosur y fruto de un activo trabajo de la Cancillería, Montevideo ha sido en estos días escenario de una serie de encuentros regionales. Queremos destacar el

auspiciado por el Ministerio de Educación y Cultura que bajo la denominación «memoria, verdad y justicia de nuestro pasado reciente» reunió a representantes de los Estados miembros y de los Estados asociados del Mercosur.

Lo específico es que ahora son los Estados quienes abordan el tema. Más especial aún, el caso del Estado uruguayo que por norma había tenido un comportamiento tan distante de esta cuestión.

Es que el nuevo gobierno ha hecho ingresar en su agenda y en la de cada vez más vastos sectores de la sociedad, el tema relacionado a los derechos humanos, o quizá mejor, su flagrante violación en los años de la dictadura y las secuelas que hasta hoy se derivan.

En ese sentido es de especial relevancia la intervención del Dr. Gonzalo Fernández, quien en forma clara precisó el sentido y los alcances del proyecto de ley que ha pasado a denominarse «interpretativa» y que fijará pautas a la ley No. 15.848, la Ley de Caducidad.

Las afirmaciones del Secretario de la Presidencia, en un acto oficial frente a distintos representantes extranjeros, están indicando que pese a

la falta de resultado de las excavaciones en curso, el gobierno está dispuesto a continuar adelante con el esclarecimiento de los crímenes y desapariciones.

Sería ingenuo creer que el partido de la impunidad está atrincherado sólo en recintos militares o en los círculos o centros donde se nuclean los oficiales retirados.

Se ha recurrido a expertos que están a punto de convencernos, que el derecho y la Justicia pueden ir por caminos demasiado separados y jamás encontrarse.

La monotonía argumental es penosa. Los hechos no existieron, si existieron no son como se los denuncia y por si acaso así fuera,… la culpa la tienen las víctimas. Y si todo eso no alcanza, la Ley de Caducidad explica y entiende todo.

Cuando desde mediados de los años 60 y principios de los 70 comenzaron a llover denuncias sobre malos tratos y torturas, en ese entonces a cargo de la Policía, se los negó rotundamente. Cuando se volvieron inocultables, Juan María Bordaberry salió publicamente a defender «el rigor de los interrogatorios»(sic). Frente al local de la Seccional 20 del Partido

Comunista, antes del golpe de estado, se fusiló a un conjunto de militantes: pues nada mejor que inventar un tiroteo. Proliferaron las «insuficiencias cardiacas» entre los prisioneros, cuyo cadáveres eran recibidos por sus familiares con prohibición expresa de consultar un forense, otras veces ni siquiera pudieron abrir la tapa del féretro.

La tortura fue la norma sin excepción para todos los detenidos. Que fueron miles. Semanas o meses de palos, quemaduras, trompadas, picana eléctrica, plantones, violaciones a mujeres y también hombres, colgados hasta descoyuntarse, mordidos por perros, encapuchados por días, metidas las cabezas en tachos con orines y excrementos, sin agua ni alimentos. Y si el

oficial de guardia venía de mal humor, se podía empezar de nuevo. Llegaron a batir un récord: Uruguay tuvo la mayor cantidad de presos políticos en relación a su población: No importa, eran apátridas o enemigos de la orientalidad. A no pocos se les robaron sus pertenencias y como si todo eso

no fuera suficiente, se les llegó a cobrar por ser prisioneros. Tantos pesos por día de detención. Hasta hoy no hay ni un solo interrogado por esas atrocidades.

Si recordamos estas brutalidades es porque creemos que hay todavía sectores de la sociedad uruguaya, que ya sea por edad, ya sea por una especie de culposo desinterés, no tienen clara idea de lo que significaba ser detenido. Durante años se denunciaron, hasta el detalle, los suplicios a los que eran sometidos los presos. Pero siempre la solidaridad tuvo que

enfrentar el silencio o la negación oficial. Y a veces también la privada.

En Buenos Aires, en dependencias de la Federal, vimos poner de plantón a un compañero a quien faltaba una pierna. Nada mejor entonces que romperle o esconderle las muletas. Y cuando se caía, «ayudarlo» reventándolo a garrotazos en el piso. Por lo menos creemos que ya nadie se anime a decir que esas cosas no pasaban en Uruguay.

El Dr. Roberto Garretón, representante para Latinoamérica de la Comisionada de DD.HH. de la ONU y por años abogado de la Vicaría de la Solidaridad en Chile, también presente en el Seminario que estamos reseñando, decía que hay

un conjunto de impunidades, o si se prefiere, que la impunidad toma muchas formas. Hay una impunidad jurídica que es la falta de sanción y hay una impunidad política que permite que reconocidos represores hayan seguido ocupando cargos públicos. Hay también una impunidad histórica que recoge

como verdad la mentira oficial de los años de terror y hay una impunidad moral que justifica a los represores.

Creemos firmemente que en Uruguay lo más perverso ha sido la impunidad propiciada por la democracia. Una especie de impunidad ideológica, que no ha podido hacer otra cosa que justificar el vale todo generalizado. *