Verdades como brasas

La nueva aparición de restos óseos en los terrenos pertenecientes al Batallón Nº 13, esta vez a partir de indicaciones procedentes de otras fuentes de información no oficiales, vuelve a suscitar un profundo impacto en todos los que vienen siguiendo las investigaciones sobre la represión en el período de la dictadura.

Al mismo tiempo las autoridades judiciales han tomado a su cargo las denuncias realizadas que remiten a la posible existencia de un gran número de fosas caracterizadas como NN en un pequeño cementerio de la ciudad de Vichadero, en el Departamento de Rivera.

Tanto en uno como en otro yacimiento, la mala voluntad de las autoridades militares y, en el caso de Vichadero, de la Intendencia Municipal de Rivera, resultan evidentes.

En el caso de los últimos restos hallados en el predio de una unidad militar, según se ha informado por parte del médico forense, doctor Guido Berro, se trataría, presumiblemente, de los restos de una persona de sexo femenino. A diferencia de los otros hallazgos, en este se cuenta solamente con piezas pequeñas.

La mera descripción de los hallazgos agrega, día a día, elementos de juicio condenatorios para quienes de ese modo brutal trataron a los presos políticos que tenían a su cargo. Se les dio muerte, se ultrajaron sus restos mortales, se removió tierra para ocultar, ante la opinión del pueblo y de otros órganos del Estado, sus restos fragmentados y diseminados en los terrenos del cuartel, una unidad militar del Ejército Nacional.

El cúmulo de agravios, no solamente a las leyes nacionales e internacionales, sino a las mínimas exigencias de respeto a la vida y la muerte de un ser humano no puede sino aumentar el estado de indignación de la opinión popular.

En el campo político ya resultan cada vez más esporádicas, endebles e inconsistentes las voces de apoyo a lo actuado por las Fuerzas Armadas durante la dictadura.

¿Cuáles serán los pasos que las autoridades públicas, los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales impulsarán para asegurar que estas búsquedas culminen de un modo adecuado a la decencia y la sensibilidad de nuestra sociedad?

Hasta el momento se esbozan dos líneas de reflexión. Por un lado, la bancada de Senadores del Frente Amplio ha elaborado un proyecto de ley interpretativa que enumera con contundente claridad los casos de situación criminales que no estarían amparados en la Ley de Caducidad.

Al mismo tiempo en varias organizaciones sociales, como el PIT-CNT y prestigiosas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) impulsan el camino de la anulación, es decir la eliminación neta y total de todos los artículos que ordenan la caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

No es competencia de LA REPUBLICA pronunciarse en dos tipos de soluciones que, en el fondo, aparecen notoriamente animadas del mismo espíritu de lucha contra la impunidad.

Al decir del prestigioso jurista y catedrático doctor Alberto Pérez Pérez, la opción por el camino de la ley interpretativa no resulta un obstáculo insalvable para avanzar en la búsqueda de su eliminación neta. Hay por supuesto otras opiniones en un sentido contrario, pero el tema está en proceso de reflexión.

Lo que sí importa es consignar que nuevos hechos y nuevos pronunciamientos se producen cada día en contra de la subsistencia de la impunidad. Hay, finalmente, una etapa que se ha terminado en el país. Es la etapa de todos los miedos y de todos los silencios impuestos por el autoritarismo y el terrorismo de Estado impulsado por civiles y militares durante un período demasiado largo y pernicioso para nuestra sociedad. *