Comunicación y democracia

Con el advenimiento del nuevo gobierno, en el vasto menú de problemas que se han instalado en la agenda pública, el de la comunicación es uno de los más sobresalientes.

Cualquier observador medianamente objetivo puede constatar muchas veces al día, cada día de cada semana, cómo los principales medios de comunicación seleccionan, recortan, ocultan determinado tipo de noticias.

Esta actitud es tanto más flechada y excluyente cuanto más alcance tiene el medio de que se trata.

Se podría hacer una larga lista de estas actitudes de manipulación mediática que ocultan hechos del gobierno que son de notoria utilidad pública para, al mismo tiempo, magnificar opiniones intrascendentes de tales o cuales dirigentes de la oposición.

En este contexto resulta altamente significativa la nota enviada por 19 entidades empresariales con motivo de la aprobación en el Senado de la República de un proyecto de ley que establece los fueron sindicales para los trabajadores uruguayos. Se trata de una legislación que protege la existencia de las asociaciones gremiales de acuerdo con las pautas fijadas hace ya mucho tiempo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a cuyos acuerdos y convenios nuestro país está adherido desde su fundación.

En el manifiesto patronal contra el gobierno aparece firmando en primer lugar Andebu, la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, de triste trayectoria en la comunicación nacional.

Las afirmaciones patronales que transcribimos a continuación son, por lo menos, atrevidas y fuera de lugar: «Esta iniciativa no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia que apunta al desplazamiento del empresario en la gestión de su propia empresa, determinando un nuevo orden en nuestra sociedad.

El sector empresarial comunica a la ciudadanía en general las graves consecuencias que la aprobación de este proyecto de ley no consensuado generará. Las que deberán ser asumidas por quienes lo impulsaron y respaldaron».

Tengamos en cuenta que estas empresas, que actúan lucrativamente con un bien que no es de su propiedad sino público y que les ha sido otorgado por el Estado, se supone que tienen determinadas obligaciones que cumplir con la comunidad, para empezar obligaciones como empleadores y por tanto reconocimiento de la legitimidad de las normas que garantizan la organizaciones sindical.

Atribuirle además al gobierno propósitos de «desplazamiento de los empresarios en la gestión de su propia empresa» es otro desatino que no se puede lanzar hacia un gobierno respetuoso de la Constitución y de la ley y que en este terreno se ha caracterizado por actuar con suma prudencia.

La amenaza velada contra el gobierno constitucional y democrático que surge del último parágrafo también es indicativa de un despropósito de antología. ¿Qué insinúa Andebu?

Si las afirmaciones patronales resultan sumamente agresivas por parte de las demás entidades empresariales, tratándose de una cámara que agrupa a empresas de comunicación el asunto reviste una gravedad mayor.

Parecería que, después de ser, durante tanto tiempo, amos y señores de la comunicación, estas empresas se sienten por encima de la ley, con una amplitud de derechos que no posee el resto de los ciudadanos.

Será bueno que vayan tomando contacto con la tierra; de lo contrario, podría ocurrirles aquello de que «si no los despierta el viento, los va la despertar la historia». *