Un triunfo de la libertad de prensa

Se conoció ayer el fallo de la titular del Juzgado Civil de 15º Turno, doctora Graciela Berro, sobre el recurso de amparo interpuesto por LA REPUBLICA contra la decisión antidemocrática e inconstitucional de no distribuir el diario plural tomada por el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (denominación tras la cual se oculta una corporación de empresarios).

No entraremos en esta nota a la crónica de los hechos, ya suficientemente conocidos del público, pero sí nos interesa destacar que se trata de un fallo histórico, ya que por primera vez la Justicia uruguaya hace lugar a un recurso de amparo promovido por un particular lesionado en su derecho por otro particular. Dice la sentencia de la doctora Berro: «Esa lesión consumada de derechos de raigambre constitucional es ilegítima en sí misma, no sólo porque implica la violación de derechos reconocidos por la Constitución, la ley y el contrato que vincula a ambas partes, sino porque está impidiendo la normal distribución y circulación de un medio de prensa conformador de la opinión pública en un Estado Democrático de Derecho».

Cabe, pues, resaltar la pertinencia de una decisión judicial que jerarquiza la libertad de expresión, la libre circulación de la información, la divulgación de las ideas, opiniones y puntos de vista; valores consagrados a texto expreso en nuestro ordenamiento jurídico (tanto en la Constitución cuanto en las leyes) bajo forma de derechos inalienables del ser humano sobre los que el Estado debe velar con particular esmero.

El fallo de la doctora Berro ha puesto las cosas en su lugar y ha negado a la corporación disfrazada de sindicato la potestad de elegir qué publicación puede ser distribuida y cuál no, lo que equivaldría a decidir per se lo que los ciudadanos pueden o no leer.

Ahora bien, se da la paradoja de que este fallo judicial, favorable al recurso de amparo presentado oportunamente por LA REPUBLICA, ha sido percibido como un triunfo de la postura del sindicato de distribuidores, pues la magistrada se extralimitó en su sentencia al decretar que se debe volver a la situación anterior al conflicto, esto es que el diario se venda al precio anterior.

Sin perjuicio de la instancia de apelación que presentará LA REPUBLICA contra esa parte del fallo judicial, entendemos que la solución definitiva a una situación de hecho atentatoria de la libertad de prensa y del derecho a la información, es más política que judicial: debe ser una solución legislativa y municipal.

El sistema político –que manifestó unánimemente su condena a la prepotencia de los sucursaleros– debe abocarse de lleno a estudiar fórmulas legales que impidan los monopolios de hecho. Todos estamos de acuerdo en que los monopolios son nocivos en tanto atentan contra la libre competencia; todos sabemos, también, que los monopolios privados son peores aun que los públicos. Pero la existencia de un monopolio privado en el rubro de distribución de publicaciones supone un peligro que excede los aspectos comerciales para convertirse en una amenaza flagrante a la libertad informativa.

No olvidemos que si bien un periódico es un bien de consumo y está, como tal, sometido a las leyes del mercado, en modo alguno es comparable a un detergente, una corbata, un yogur o un bolígrafo. Un medio de prensa es un vehículo esencial de comunicación cuya distribución no puede ser entorpecida o negada por nadie sin con ello coartar la libertad de prensa y el derecho a recibir información y opiniones. Al negarse a distribuir LA REPUBLICA en los quioscos (todos ellos dependientes de la corporación que detenta el monopolio de la distribución en Montevideo y zona metropolitana), el sindicato se arrogó la potestad dictatorial de censurar una publicación.

Hay una contradicción entre un fallo judicial que obliga al gremio de sucursaleros a no discriminar a un medio de prensa y una situación de hecho que permite a aquéllos mantener un poder excesivo como para negarse a distribuir una publicación cualesquiera sean las razones invocadas. Esa contradicción debe resolverla el Estado.

Se trata de una situación que no puede ser tolerada en ninguna sociedad democrática, y es obligación de los gobernantes impedir –con medidas legales– que el hecho vuelva a repetirse. *