Crisoles que funden heroísmo y esperanza

A lo largo de los últimos meses hemos tenido la oportunidad de escuchar de primera mano testimonios conmovedores de personas torturadas durante la dictadura militar. No es nuestra intención reproducir en esta página tanta aberración producto de aquel oscuro rincón del alma que cada ser humano posee y que, en muchos casos, obedeciendo a patologías criminales potenciadas bajo efecto de drogas, puede cometer en sus pares del género humano. Frente a los más indescriptibles vejámenes que denigran nuestra especie, consumados mediante la tortura, debe generarse una conciencia colectiva condenatoria.

No se trata de venganza o revanchismos, como han expresado los operadores políticos del clan de la impunidad. Muy por el contrario, la ciudadanía uruguaya, los hombres y mujeres más jóvenes de este pueblo, deben conocer exhaustivamente la realidad de compatriotas que mediante su lucha en las mazmorras hoy hacen posible a otras generaciones usufructuar y gozar de las libertades públicas. Días atrás falleció el dirigente comunista Jaime Pérez. El integra la fatídica lista de 88 ciudadanos uruguayos que en el curso de 2005 han perecido a causa de la tortura practicada años ha sobre su humanidad. De los más de 4.900 procesados por los tribunales militares, quedan vivos tan solo 1800 compañeros, ex presos políticos de la dictadura cívico militar que promovió desde su despacho presidencial el sr. Juan Marìa Bordaberry , decretando el 27 de junio de 1973 la disolución de las Cámaras y el fin del estado de derecho.

Algunos de ellos fueron rehenes y eran obligados a permanecer en el interior de aljibes, violándose con esto las más elementales normas de derecho internacional humanitario, emanadas y consentidas por la comunidad planetaria luego de culminada la segunda conflagración bélica mundial.

Creemos que el colectivo social que integramos tiene una deuda mayúscula con quienes dieron todo por sus convicciones. La sociedad uruguaya debe hacerse cargo de este grupo de compatriotas que no superan los 1800

al día de hoy y continúan dejando este mundo, como si nada hubiera sucedido, y repararlos no tan solo económicamente, brindándoles una jubilación o pensión vitalicia por el tremendo sacrificio de soportar estoicamente la brutalidad del apremio físico y/o sicológico, sino que además debe existir una atención médica permanente y específica para quienes presentan evidentes secuelas de esta tragedia.

No hablamos sólo de las víctimas de la tortura. Hablamos de sus hijos que han sobrevivido al calvario de contemplar a sus padres vejados y que también hoy como adultos llevan sobre sus hombros aquel trágico día en que por la fuerza, extraños ingresaron a sus hogares, llevándose a sus seres queridos, en muchos casos para siempre.

Como ejemplo parece necesario contarles de la experiencia que nos tocó vivir recientemente, visitando en Santiago de Chile la Comisión Nacional de Derechos Humanos ubicada frente al Palacio de La Moneda y dependiente del Ministerio de Interior trasandino.

Esta dependencia recibe y atiende a víctimas y familiares de estas prácticas aberrantes mediante equipos multidisciplinarios y especializados en el tema de marras. Hablamos de víctimas pues, en la correcta acepción de este término y en derecho comparado existe doctrina y jurisprudencia en calificar de tales a quienes fueron y son objeto de la tortura en todo el planeta.

Aquí en Uruguay la necesaria y justa reparación jubilatoria demandada por quienes sufrieron el flagelo de la tortura no puede constituir en nuestra cultura democrática carácter de dádiva. El antecedente legal comprendido en la ley de restitución de funcionarios públicos, durante el primer gobierno en democracia post  dictadura no contempla a este núcleo de ciudadanos uruguayos. Su demanda debe amplificarse y convertirse en una bandera de la comunidad entera. Es la obligación moral y parte esencial de la batalla política contra la impunidad y de quienes ungidos por las urnas, actúan conforme a derecho restituyendo en jubilaciones dignas a sus gobernados integrantes del colectivo social por haber sido objeto de crímenes de lesa humanidad.

Nosotros aspiramos a que este gobierno de izquierda les devuelva a los compañeros ex presos políticos agrupados en la ONG Crysol la palabra dignidad, con la misma entereza y convicción moral con la que la bancada parlamentaria y el gobierno han promovido la aprobación de una ley que le ponga fin a la impunidad.

Debe tenerse muy presente en cada minuto y hora que pase, que quienes arrasaron con las instituciones democráticas como autores intelectuales y materiales del golpe -jerarcas y subordinados- y aquellos que además practicaron convencidamente la tortura como una metodología supuestamente legítima destinada a vencer a sus «enemigos», reciben mes a mes jubilaciones y pensiones que les paga el estado uruguayo, gracias al aporte de todos los contribuyentes.

Nos parece tema de estado y de estricta justicia, una solución que contemple como causal jubilatoria a quienes viviendo en la clandestinidad, resistiendo tortura y persecución por el régimen dictatorial, han hecho posible junto al pueblo uruguayo la gran victoria del 31 de octubre de 2004.

En horas en que la verdad ha aflorado con toda su fuerza desde los predios de los cuarteles, decimos con más fuerza que la reparación moral y económica para los luchadores antidictatoriales surge como una de las más justas causas pendientes, a plasmar en ley de la República ahora, ¡ya!

Por ellos, por quienes ya no están con nosotros, por sus hijos y sus nietos debería llegar esta Navidad acompañada de una gran alegría para los compañeros y el colectivo todo.

En la reunión de esa noche, que es de la familia, del afecto y del recuerdo para quienes dejaron su indeleble huella en nuestras conciencias, quisiéramos que llegara el inequívoco mensaje de que esta sociedad no se ha olvidado de sus padecimientos.

Invocando finalmente a la más elemental justicia, apelamos a la sensibilidad de nuestros compañeros legisladores, al gobierno en suma, para que antes de culminar 2005 consagre una norma auténticamente reparatoria que le devuelva con mayúscula la palabra dignidad a aquellos crisoles que funden heroísmo y esperanza. *