El error de volver al pasado

En estos tiempos de revancha y confusión, con serenidad es bueno recordar algunas cosas que pueden resultar de utilidad.

Los gobiernos que legítimamente llegaron al poder luego de la restauración democrática, no siguieron una política unilateral de perdón a los violadores de los Derechos Humanos que integraban las Fuerzas de Seguridad durante el régimen de facto. En los hechos, a través de tres leyes diferentes, aprobaron una amplia amnistía que comprendió a quienes atentaron contra las instituciones democráticas durante la vigencia de ellas y cometieron asesinatos, secuestros y otros delitos y no fueron juzgados por magistrado alguno y quienes posteriormente, reprimiendo esa acción, también realizaron actos condenables.

Los sucesos de estos días en la materia, no implican una despreocupación o falta de interés de gobierno alguno en cuanto a esclarecer los hechos, como especialmente lo previo la ley de Caducidad. Supone reconocer que quienes conocían las circunstancias recién en esta instancia la ponen en conocimiento de las autoridades.

Cuanto transcurrieron estos acontecimientos, los gobiernos de la región eran en su casi totalidad de hecho. Es evidente que entre los mismos existió una coordinación para ciertas actividades represivas. También se dio labor de inteligencia entre quienes atentaron contra las autoridades democráticas en épocas anteriores. Ambos sucesos son fácilmente demostrables porque fueron admitidos en diferentes circunstancias en forma pública y documentada por los protagonistas.

Con posterioridad a los gobiernos dictatoriales en los diferentes países se nombraron comisiones que fueron llamadas «de la paz» o «de la verdad» con resultados aceptados en términos generales y que cuentan en todo caso con amplio consenso.

De las resultancias de las mismas es evidente e incontrovertible que la dictadura militar que actuó en el Uruguay no aplico los mismos esquemas represivos que las otras de la región. Fundamentamos nuestra afirmación, en forma clara y concluyente, en el número de víctimas registrado en el total de la población y la relación entre adversarios e integrantes del gobierno de las mismas. Podemos hacer mención, no creemos que sea necesario, porque se hicieron públicas, los resultados de la Comisión que en Argentina presidió Ernesto Sábato, en Chile el Dr. Jorge Retting y la que en Uruguay integró el actual Secretario de la Presidencia.

No integramos, fuimos opositores al gobierno militar de nuestro país, pero esto constituye una verdad incontrovertible. Estamos en condiciones de probar nuestros dichos.

En cuanto a las normas jurídicas tanto en Chile como Argentina, las dictaduras aprobaron de hecho leyes de Amnistía. En este último caso, con dudosa legalidad, se declaro nula la misma. Sabido es que en materia penal  no se necesita ser abogado para afirmarlo- la norma no puede ser retroactiva salvo para aliviar la condena o penas impuestas a los inculpados.

Uruguay siguió un camino diferente, fue el Parlamento Nacional, legítimamente electo, el que aprobó las normas respectivas.

En el caso de la que declara la caducidad de la acción punitiva del Estado, se trata de la ley con mayor legitimidad que conoce la historia independiente de nuestro país. Ninguna otra reúne en este sentido las mismas características. Fue aprobada por un Parlamento legítimamente electo, reitero. Promulgada por el Poder Ejecutivo, también con la misma circunstancia y declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia. A todo ello se agrega, como es notorio, el hecho fundamental y definitivo de que fue ratificado por la ciudadanía en un acto electoral ejemplar que no resulto cuestionado absolutamente por nadie.

Una cosa es declarar nula una ley aprobada en Argentina por una dictadura a hacerlo, casi veinte años después, en Uruguay, donde en todo y por suerte, ha sido, es y será diferente.

Intentar modificar una norma como la ley de Caducidad o declararla nula es por lo menos un grave error, que demuestra un espíritu no propicio para actos de justicia sino de revancha.

Los partidos tradicionales, luego de cuatro administraciones, entregamos un país en paz. Sin presos ni muertos por razones políticas. Ojalá en el futuro podamos seguir viviendo de la misma forma. *