Reflexionemos sí, pero sin confusiones

El miércoles 7 el diputado del Partido Colorado Alberto Scavarelli nos llama, desde un artículo publicado en LA REPUBLICA en la página 11, a ejercer el respeto y la reflexión. ¿Quién puede dudar de la necesidad de tener como uno de los ejes de la vida de las personas ambas cualidades?

Ahora bien, no hay duda de que la nota está escrita en un tono respetuoso y que desgrana algunas reflexiones también, pero estas últimas llevan a conclusiones con las que no podemos estar de acuerdo de modo alguno.

El diputado nos dice en sus reflexiones que las desapariciones fueron obra de «la insania de un puñado de homicidas»; no fue así: esos y otros actos aberrantes fueron cometidos por funcionarios del estado que, todos sabemos, estaban bajo la cadena de mando y actuaron a sabiendas y con la aprobación de dichos mandos, que dicho sea de paso funcionaban bajo la tutela militar pero con integración y aprobación de civiles, varios de ellos integrantes del partido del cual forma parte el Sr. diputado.

Tampoco estaban locos (de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española insania es sinónimo de locura); esas personas y quienes les daban órdenes estaban (¿están?) convencidas que era necesario no tener piedad con los detenidos para de ese modo obtener información y por otro lado sembrar el terror entre los que aún no estábamos siendo víctimas directas de su supuesta insania, es decir que estamos en presencia de una cuestión de carácter ideológico y con una clara direccionalidad política y no de un problema de patología mental.

Luego de la queja en relación con la súbita recuperación de la memoria de alguno de los responsables, ¿será que ahora se encontraron, por primera vez, con el orcón del medio y hay un gobierno que pregunta de verdad? El Sr diputado ingresa en la ya gastada tesis de los dos demonios, y de vuelta a lo del principio: no podemos estar de acuerdo de modo alguno.

Aquellas personas acusadas de actos de violencia fueron sometidas, en forma masiva, todos en el Uruguay lo sabemos, a castigos y sufrimientos inenarrables, que en muchos casos llegaron a la muerte y luego a la desaparición, métodos totalmente repudiables y que ejercidos de forma sistemática y premeditada por organismos del Estado son doblemente condenables y que obviamente no significaron garantía de un juicio justo.

Castigos y sufrimientos que no solo se aplicaron durante los días, meses y en algunos casos años de «hábiles interrogatorios», sino que luego siguieron aplicándose en forma sistemática en las cárceles donde, también todos lo sabemos, durante largos años se ejerció una política de destrucción sicológica de las detenidas y detenidos.

A lo anterior hay que agregar que muchos de los detenidos, solo tuvieron sobre sí acusaciones de índole ideológica o de pertenecer a tal o cual sindicato o a tal o cual partido político y fueron sometidos a tortura, cárcel, exilio y en algunos caso la muerte por tener ideas que se contraponían a un supuesto «ser nacional» de acuerdo a la doctrina de la seguridad nacional que se aplicó en el país desde mucho antes que se instalara la dictadura.

Podríamos enumerar una larga lista de ciudadanos y ciudadanas que enfrentaron el autoritarismo creciente de los sesenta y luego la dictadura a partir del 73 y que fueron víctimas de lo que aquí y en cualquier lugar del mundo se conoce por «terrorismo de estado», por lo que no podemos hablar de «uno y otro lado» como si se hubieran enfrentado dos ejércitos en una larga y cruenta guerra.

Aquí lo que hubo fue una dictadura que arrasó con las libertades y derechos del pueblo, una amnistía que intentó paliar años de injusticia y oprobio, luego una ley de impunidad que se aprobó bajo la amenaza de un nuevo golpe de estado y a partir de allí una sucesión de gobiernos que nunca fueron a fondo en la aplicación de la ley que ellos mismos habían impulsado.

Por eso lo del título: reflexión sin confusión. *