DDHH: significativos avances

El crecimiento de la información disponible sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, a partir de las excavaciones en unidades militares, conmueve a la población.

Las últimas informaciones tienden a confirmar las atroces condiciones en las que fueron ultimados algunos presos políticos en la década del 70.

Este fue el primer crimen. El segundo, que agrava la inhumanidad y crueldad del primero, es el ocultamiento de la situación, la ausencia de reconocimiento del destino de aquel preso. Es decir, la desaparición-forzada del preso político.

La secuencia tiene una lógica malvada: detención, tormento hasta la muerte, enterramiento y negación.

Atrás queda la realidad familiar y social del preso. Sus padres, sus hijos, sus compañeros de militancia y de trabajo, sus vecinos. En el lugar del hombre o la mujer secuestrada y ultimada ha quedado el silencio, la oscuridad, la negativa del Estado a dar cuenta de lo sucedido, la irresponsabilidad de los funcionarios que pactan el silencio cómplice y durante 30 o más años nada sabrán los deudos y los amigos.

Atados, fracturados, con signos de haber padecido violencia antes de su muerte, así van apareciendo los restos en las unidades militares, cementerios clandestinos sistemáticamente negados.

Ahora el grupo de antropólogos forenses a cargo de las investigaciones informa de la existencia de una zona con señales de que hubo remociones de tierra en los predios del Batallón Nº 13, de triste memoria.

La remoción de los restos humanos, sobre la que se explayaron algunas fuentes que informaron a la Comisión para la Paz, ha sido denominada, descabelladamente, «Operación Zanahoria». Se traba en realidad de una acción destinada a ocultar, ante el país y ante las autoridades judiciales, hechos criminales especialmente agravados. Una parte del Estado, con recursos de la comunidad, desarrollando una operación destinada a evadir los controles y la jurisdicción de otro poder del Estado.

La toma de estado público de esta perturbadora realidad ha conmovido a la sociedad uruguaya y buena parte de sus formaciones políticas y sindicales han venido reaccionando con energía ante el conocimiento de los hechos.

Mientras en el Senado se elabora un proyecto de ley destinado a dejar establecido con claridad cuáles son las situaciones no amparadas por la Ley de Caducidad, en algunas esferas políticas y sindicales crece la opinión de la necesidad de «arrancar de cuajo» la Ley de Impunidad.

Resulta difícil pronosticar cuál será la vía que elegirá la sociedad uruguaya para plasmar su voluntad de no solo conocer la verdad sino poner en manos de la Justicia estos crímenes cuyas evidencias aparecen ahora con una dolorosa elocuencia.

Sea cual sea, habrá de constituir un avance de enorme significación sobre la realidad de varios decenios de ocultamientos y mentiras oficiales. La sociedad uruguaya empieza a encontrarse con ella misma, con las realidades que no se pueden «desaparecer» poniéndolas bajo tierra y tejiendo sobre ellas una red de silencios y de miedo.

Ese avance es incontenible, para bien de la convivencia democrática en el país. *