Respuestas a la violencia delictiva

Uno de los caballitos de batalla de la oposición –convenientemente estimulado por ciertos medios de prensa– ha sido y sigue siendo el aumento de la inseguridad ciudadana, fenómeno cuya causa atribuyen a la excesiva blandura del ministro del Interior.

La derogación del decreto que autorizaba las razzias, es decir la detención arbitraria y sin exposición de motivos de cualquier ciudadano, ha sido usada por los partidos conservadores como blanco preferido de sus ataques contra el gobierno. Del mismo modo, la Ley de Humanización del Sistema Carcelario fue percibida y presentada a la opinión pública como una suerte de apertura indiscriminada de las prisiones que operaría como una luz verde para que tenebrosos delincuentes volvieran a azotar a la población. Más cerca en el tiempo, la pequeña asonada en la Ciudad Vieja sirvió para que la derecha, con el inestimable apoyo de sus medios de prensa, la emprendiera contra la supuesta negligencia, omisión o complicidad de la Policía.

Independientemente del inocultable afán por desprestigiar a un secretario de Estado particularmente ponderado e intachable –que desempeña una tarea titánica mejorando la eficiencia de la Policía–, se hace patente, una vez más, que la única respuesta que las clases conservadoras son capaces de imaginar para combatir la delincuencia se basa en medidas represivas.

Hace unos días, a propósito de los logros alcanzados por Chile con su política económica, señalábamos que el ejemplo chileno mostraba a las claras que, con el modelo neoliberal, puede crecer la economía, pero eso no garantiza la distribución justa de la riqueza de modo de que toda la sociedad reciba los beneficios del crecimiento. Por mejores que sean los indicadores macroeconómicos, la pobreza, la marginación, las irritantes injusticias, siguen presentes. Y como consecuencia de esa realidad social, se incrementa la delincuencia, y sobre todo –igual que en nuestro país– la delincuencia juvenil, al punto que se ha bajado la edad de imputabilidad de modo de que los menores infractores reciban todo el peso de la ley.

En el último número de Bitácora, un lúcido informe del periodista chileno Arnaldo Pérez Guerra destaca que en ese país “el exacerbado temor a la delincuencia se instala en la mente de los chilenos junto a la ‘agenda’ que supuestamente la combatirá. No pocas voces se alzan –señala Pérez Guerra– para exigir que se rebaje aun más la imputabilidad legal, se encarcele a niños y se construyan cárceles en islas, al estilo estadounidense”.

Como se advierte, el discurso de la derecha uruguaya y sus propuestas para enfrentar el incremento de la violencia delictiva revela una mentalidad muy semejante a la de las clases conservadoras chilenas. Tanto en aquel país como en el nuestro –y en todo el mundo en general– los dirigentes políticos de derecha son renuentes a aplicar esfuerzos en gran escala orientados a la prevención primaria, esto es la adopción de medidas estructurales tendientes a atacar las causas de la delincuencia, o, como dicen los sociólogos Torres y de la Puente, medidas que inhiban los procesos de formación de la delincuencia.

Lo hemos dicho más de una vez: vanos serán los intentos de combatir el auge del delito mientras la usina generadora de miseria, exclusión y delincuencia siga intacta. Con las limitaciones inevitables surgidas de muchos años de gobiernos afiliados a los dogmas de la Escuela de Chicago, por primera vez tenemos un gobierno –el actual– que empieza a atacar el mal de raíz y no piensa seguir aplicando parches. *