Liberados y reincidentes

Mal que le pese al doctor Gonzalo Aguirre –quien había afirmado temerariamente que era muy alto el índice de reincidencia entre los liberados en aplicación de la Ley de Humanización del Sistema Carcelario–; mal que les pese a todos los agoreros que se lanzaron con entusiasmo digno de mejor causa a denostar al ministro del Interior augurando catástrofes apocalípticas como consecuencia de la Ley Díaz; contradiciendo los tenebrosos pronósticos y las advertencias sombrías sobre el incremento del delito y el aumento de la inseguridad urbana, la cifra de liberados que volvieron a delinquir asciende a uno.

En su edición de ayer, el colega El País publica un informe serio y objetivo sobre el delicado asunto. De ese informe surge claramente que, si bien es cierto que aún es permaturo extraer conclusiones al respecto, las predicciones de tragedia no se han confirmado pues el índice de reincidencia ronda el uno por ciento: de un total de 90 liberados hasta el momento, sólo se registra un reincidente. Es posible que ese porcentaje se incremente en el correr de los próximos meses, pero es de suponer que –como lo había sostenido el doctor José Díaz– jamás alcanzará el 53 por ciento global que se verifica actualmente.

Este comienzo auspicioso refleja no sólo lo acertado del criterio con que se establecieron las condiciones para lograr el beneficio otorgado por la Ley de Cárceles; es la consecuencia de otros aspectos de la norma ninguneados por sus detractores. Oyéndolos o leyéndolos predicar en los medios (siempre prestos a ceder generosamente sus espacios a la voz de la reacción conservadora), la población –esa vaga mayoría silenciosa que se conoce como opinión pública– recogió la impresión de que la Ley de Cárceles operaría una suerte de irrupción masiva de malhechores que gozarían de total libertad para dedicarse a sus fechorías habituales. Como si se tratara de una alerta meteorológica aununciando el paso de un huracán devastador, se propaló la certeza de que los sufridos uruguayos quedarían a merced de feroces rapiñeros, bandas de gángsters despiadados y aborrecibles violadores que contarían, además, con la benevolencia policial.

Los «bienpensantes defensores de la sociedad» pasaron por alto olímpicamente todas las disposiciones de la ley que excluyen a texto expreso los delitos graves y, sobre todo, las que propenden a asegurar la asistencia y el seguimiento de los liberados por el régimen excepcional. Omitieron mencionar el papel fundamental –que la norma prevé y que ya se ha puesto en práctica– asignado al Patronato Nacional de Liberados y Encarcelados, organismo presidido por Oscar Ravecca. Dicha institución está ejerciendo una tarea de enorme trascendencia, consistente en dar un marco de continentación a los liberados. Se trata no sólo de un apoyo material sino, también, de una asistencia tendiente a facilitar la reinserción social y familiar del liberado; se trata de que éste asuma un compromiso al tiempo que el Patronato se ocupa de buscar su inserción en el mercado laboral.

Por primera vez en muchos años (por no decir en la historia) tenemos a un humanista al frente del Ministerio del Interior. Por primera vez se diseña desde el gobierno una política carcelaria y de combate a la delincuencia que no apunta exclusivamente al rifle sanitario.

No es poca cosa. *