Se estrecha el cerco contra la impunidad

El Poder Legislativo, a través de la acción de la bancada de gobierno, se prepara para dar un paso de gran importancia en materia de Derechos Humanos. Paso cuyas repercusiones, nacionales e internacionales, pronto se harán sentir.

Se trata de una puesta al día en relación a la incorporación a las normas vigentes en Uruguay de instrumentos jurídicos, suscritos internacionalmente por el país, que de este modo saldrán de las brumas de la ambigüedad, sobre todo para los magistrados, que son quienes tienen en sus manos la muy delicada misión de llevarlos a la práctica.

Más allá de los respaldos políticos brindados por la totalidad de la bancada de gobierno, la importante iniciativa legal ha sido instrumentada por un jurista de reconocida trayectoria y amplia experiencia en el campo del derecho, el Dr. Oscar López Goldaracena.

En estos días, consultado por la prensa, ha transmitido con claridad conceptual y precisión científica cuáles son exactamente los alcances de la norma proyectada.

Tanto los objetivos hacia el futuro, en tanto obligaciones de una nación que se desenvuelve en un mundo regulado por tratados internacionales, como en lo que tiene que ver con algunos delitos que presentan su especial singularidad, como es el de la desaparición forzada de personas.

Sobre el punto el país ya tenía, a partir del Pacto de San José de Costa Rica, compromisos contraídos ante la comunidad internacional. La propuesta actual confirma y amplía esos niveles de compromiso.

Por momentos resulta pueril la actitud de algunos dirigentes políticos tradicionales cuando sostienen públicamente que apoyarían el proyecto de Ley impulsado por la bancada de gobierno y, pretendiendo quedar bien con Dios y con el Diablo, sostienen que apoyan las normas que tipifican y condenan la desaparición forzada de personas pero que, de ninguna manera, esta ley podría ser retroactiva.

Cuando decíamos que la desaparición forzada constituye un delito singular aludíamos al hecho de que se trata de un crimen que, cualquiera sea la fecha en la que fue cometido, no termina de perpetrarse hasta tanto la persona desaparecida no reaparece con vida o hay señales materiales de su muerte.

En ese sentido resultan elocuentes las expresiones de López Goldaracena cuando el insólito periodismo «de los peores sordos, porque no quieren oír» lo interrogaba por enésima vez acerca de si la ley proyectada tendría o no efectos pertinentes sobre los crímenes pendientes realizados sobre la dictadura.

Con claridad el jurista reiteró, también por enésima vez, que en tanto la desaparición es un delito continuado, es decir se reproduce cada día, su tratamiento por la Justicia Penal es inevitable, cualquiera sea la fecha en que se haya producido el secuestro y hasta tanto no haya señales de recuperación de sus restos.

Dicho de otra manera, si para un buen número de delitos, como las violaciones, las torturas, etc., la norma proyectada carecería de efecto retroactivo, en el caso de la desaparición forzada su aprobación parlamentaria y su promulgación pondría de inmediato en movimiento los engranajes del Poder Judicial para ocuparse de lo relativo a los casos de desaparición forzada.

Junto a este aspecto de fondo, que surge del seno de las instituciones democráticas y representativas propias del país, también toma cada día más fuerza la decisión de la justicia y el gobierno argentino por un lado, y la del gobierno uruguayo por otro, de dar curso a la solicitudes de extradición a los militares uruguayos que, operando en la Argentina, son acusados de la realización de crímenes contra la humanidad.

Es evidente que una difusión pública mayor de las atrocidades cometidas, el reconocimiento por parte de algunos militares de los crímenes cometidos y la desclasificación de documentos probatorios, muestran la autoría y la complicidad de los gobiernos dictatoriales en la realización de un plan sistemático de eliminación de los opositores. Todo esto está configurando un estado de opinión, tanto en los partidos políticos como en el foro, la cátedra y el sentir popular, cada vez más contrario a la impunidad y a la búsqueda de la verdad y la justicia. *