La hora de la justicia

El estupor y la desazón ganaban las calles de Montevideo y de todo el país hace unos días ante el archivo de las actuaciones en el caso Michelini – Gutiérrez Ruiz.

En la decisión que tomara durante la pasada semana un Tribunal de Apelaciones de nuestro Poder Judicial, quedó al desnudo una vez más la carencia de fundamentos éticos que hacen al muy disminuido prestigio de uno de los tres pilares de nuestro sistema democrático republicano.

Parece una obviedad señalar que el cometido de cualquier Poder Judicial en un estado de derecho es realizar precisamente la justicia. Máxime cuando se trata de aberrantes e imprescriptibles delitos de lesa humanidad y cuando se conoce públicamente y existe semiplena prueba de que efectivamente uniformados y civiles de nacionalidad uruguaya participaron de secuestros, tortura y desaparición forzada de ciudadanos uruguayos y argentinos, en ambas márgenes del Río de la Plata.

Eso ha llevado con buen criterio, al señor secretario de Derechos Humanos de la República Argentina, Eduardo Luis Duhalde, a solicitar a la Justicia Federal del vecino país la captura y extradición de quienes han cometido los más atroces crímenes que recuerde la sociedad uruguaya en su historia. Tal diligencia surge ante la ignominiosa actuación de fiscales y jueces de esta orilla. La solicitud de Duhalde concuerda con el relato de compatriotas sometidos a apremios físicos denigrantes en Automotores «Orletti», en los sótanos del actual Calen, en la casa de Punta Gorda. Los testimonios conducen a José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, alias «Manolo», Gilberto Vázquez, Ernesto Rama, Juan Antonio Rodríguez Buratti, José Arab, alias «el Turco», Jorge Silveira y el capitán de la Policía uruguaya José Medina Blanco, alias » el Conejo».

Buena cosa es señalar que estos ciudadanos van a tener todas las garantías del debido proceso. Las mismas garantías que tuvieron los genocidas nazis en Nuremberg, luego de culminada la Segunda Guerra Mundial. Se les va a proveer de asistencia jurídica, tendrán, como sujetos de derecho que son, en suma, «su día ante el Tribunal». Nadie los va a apremiar físicamente. Muy por el contrario. Debería solicitarse por parte de las autoridades competentes y en forma oportuna a la Justicia Federal argentina el debido recaudo de todas las garantías para los autores materiales de esta obra macabra.

Y en este punto queremos hacer alguna precisión que nos parece de orden. Los uruguayos, cualquiera sea nuestra condición social, credo u orientación política, sentimos profunda vergüenza frente al archivo de las actuaciones del caso de María Claudia García. Los ciudadanos de esta nación no nos hacemos cómplices de esta resolución judicial, vinculada a un pasado de impunidad y olvido. Este golpe a la justicia ha exasperado y provocado el repudio de la gran mayoría del pueblo oriental. Vaya en ese sentido nuestra solidaridad y respaldo con lo declarado en estas horas por el señor embajador de la República Argentina en nuestro país, Hernán Patiño Meyer, quien afirmara públicamente que el fallo del Tribunal «establece la impunidad». Por cierto que así es. El fallo de marras y concomitantemente las actuaciones de un señor fiscal no concuerdan con la doctrina de derechos humanos ya plasmada en forma institucional en la correspondiente Dirección del Ministerio de Educación y Cultura. Esta lamentable sentencia posee una clara finalidad política, poniendo en severo cuestionamiento el concepto de independencia de los poderes públicos del Estado. Busca desestimar y desacreditar las acciones que el señor Presidente de la República, ungido en su cargo por una mayoría abrumadora de ciudadanos el 1º de marzo de 2005, ha venido desplegando de común acuerdo con los señores comandantes de las tres armas de nuestras Fuerzas Armadas.

La plena vigencia de los derechos humanos constituye el basamento moral y jurídico de un estado de derecho. No existen, frente al respeto a la vida y la integridad física y espiritual de las personas, fundamentos de derecho alguno que puedan detener u obstaculizar el avance de la Justicia.

Cuando decimos que bajo la sentencia del tribunal de apelaciones subyace una finalidad política que flagela la independencia de los poderes del Estado, señalamos que la misma está relacionada con otro Uruguay.

El Uruguay de los integrantes del Tribunal que le cerró la puerta en sus narices a la familia Gelman es seguramente el del Acto Institucional Nº 8, que promovió entre otros repudiables hechos, la destitución de jueces honorables del Poder Judicial.

El fallo antes citado nos retrotrae a los tiempos del consejero y ministro Espínola, a la doctrina de seguridad nacional en nombre de la cual nuestra sociedad vivió su mayor tragedia.

A los señores magistrados les solicitamos nos tengan por presentado y constituido domicilio en un Uruguay que hace a la búsqueda de la verdad, a la satisfacción de justicia, la reparación patrimonial, moral y espiritual ante delitos de lesa humanidad y primordialmente a la educación para la paz y en derechos humanos que se consagrará en nuestras escuelas, liceos y universidades del futuro.

Otrosí decimos que a pesar de los operativos «zanahoria», del miedo que se le inoculó a la gente durante veinte años de democracia, nos asiste la convicción y la fe de que otras mayorías y representantes de todo el espectro político consagrarán en el espíritu y en la forma una nueva norma que nos devuelva la dignidad frente a la vergüenza nacional que representa la Ley de Caducidad .

Así debería ser para saldar la deuda que esta democracia y la plena vigencia de las libertades públicas de la que gozamos hoy y por la que ofrendaron sus vidas ciudadanos ilustres como el Maestro Julio Castro, el Escribano Fernando Miranda o Vladimir Roslik, entre muchos otros, sea también perpetuada y nunca jamás conculcada.

Mientras tanto, serán los Canicoba Corral, los Rafecas o los Garzón quienes, fieles a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a todas y cada una de las Convenciones que en la materia el Uruguay suscribió, reivindiquen y ejecuten justicia en defensa de la vida y la preservación de la especie humana. *