¿Qué educación queremos?

La semana pasada se informó de un nuevo plan de estudios que comenzará a aplicarse en marzo del año próximo en la enseñanza secundaria.

Se trata de una «Reformulación de Ciclo Básico y Bachillerato 2006″ que el Consejo de Educación Secundaria se propone poner en práctica luego de haber analizado la situación con la Comisión de Planeamiento Educativo y Gestión. Resta ahora que el máximo organismo de la educación –el Consejo Directivo Central– se aboque al estudio de dicha propuesta, la apruebe y finalmente se oficialice.

Las autoridades de la enseñanza no han divulgado aún las características ni los detalles de esta «reformulación», pero se supo que con ella se pretende dejar sin efecto la reforma del 96 o «reforma Rama». Enhorabuena, ya que la tan mentada reforma educativa había levantado la resistencia casi unánime de los actores vinculados a la enseñanza.

Aparentemente, de acuerdo con lo que se ha informado al respecto, para esta «reformulación» hubo consultas no sólo con jerarcas de la enseñanza (directores, inspectores) sino, también, con las Asambleas Técnico-Docentes (las famosas ATD) y –lo que es fundamental– con representantes de las distintas gremiales de la enseñanza media.

Vale la pena recordar que antes de que se instalara la noche negra de la dictadura, ya el poder se había ocupado de lanzar una ofensiva sin cuartel contra la enseñanza popular. En ese marco, la Ley de Educación General –o Ley Sanguinetti en honor a su ideólogo, el ministro de Educación de Bordaberry– terminó con la autonomía de los Consejos de Primaria, Secundaria y UTU e inició así el largo proceso de deterioro de nuestra enseñanza pública, otrora orgullo de un país que valoraba la cultura y el conocimiento. Ese deterioro se profundizó cuando los motineros tomaron por asalto la dirección de los organismos de educación y completaron la obra iniciada por Sanguinetti.

Luego de recuperada la normalidad institucional, las esperanzas de que la educación pública recobrara su antiguo esplendor se vieron frustradas; el daño era demasiado grande y los docentes ya no tuvieron participación orgánica en las decisiones referidas a programas y planes de estudio.

Decíamos hace tres años, al analizar la situación de la enseñanza:

«Sería deseable que se convocara a un gran debate nacional sobre educación donde se oyeran las opiniones de los verdaderos especialistas en la materia. Un debate fundamentalmente acerca de cuáles son los fines de la educación; hacia dónde debe apuntar la formación de los jóvenes; qué objetivos se persiguen y cuáles son los medios idóneos para alcanzar esos objetivos.

Hasta ahora ha prevalecido el punto de vista pragmático y ‘realista’ –en un todo de acuerdo con la globalización neoliberal y posmoderna– según el cual se busca formar (?) individuos aptos para competir entre sí. La tendencia es a lograr especialistas en diversas áreas compartimentadas, que puedan desempeñar correctamente su papel de peones eficaces, de meros engranajes de una maquinaria creada por el poder económico mundial».

Tenemos confianza en las nuevas autoridades de la educación. Y esperamos que esta «reformulación» sea un primer paso hacia ese debate tan reclamado y tan postergado. Es una de las asignaturas pendientes (¡otra más!) que el Estado tiene para con la sociedad.

No estamos pensando, entiéndase bien, en una vuelta a la enseñanza exclusivamente libresca y elitista que dominó en la primera mitad del siglo pasado, sino en un razonable equilibrio entre información y formación; un equilibrio entre la capacitación profesional y la formación humanista. *