Un traspié en el camino a la justicia

No caben dudas de que el fallo del Tribunal de alzada ha significado un duro traspié, una roca en el camino hacia la verdad y la justicia, dos valores a los que la sociedad uruguaya no ha renunciado por más que haya dado su aprobación a la Ley de Caducidad.

Conviene tener en cuenta que el contexto histórico y la realidad política y social de 1989, cuando se sometió a plebiscito la ley de impunidad, no son los mismos que los de 2005. Los dieciséis años transcurridos desde entonces han operado en el colectivo social un cambio cualitativo de trascendencia. No hay que olvidar que en aquella época, a cuatro años de la restauración democrática, la amenaza –latente o desembozada– de un desacato militar fue muy inteligentemente usada por los líderes políticos conservadores para crear en el inconsciente colectivo la idea de que la impunidad era la única salida posible ante la perspectiva de una reacción militar que podría llegar a desembocar en un nuevo golpe de Estado.

Mientras los mandos militares guardaban el mismo silencio oficial, los dirigentes colorados y blancos que habían votado la Ley de Caducidad se convirtieron en paladines de la impunidad, en defensores a ultranza de los terroristas de Estado. Con un discurso que mezclaba argumentos de pretendida justicia («si los tupamaros fueron amnistiados, no hay razón para no perdonar a los militares que cometieron excesos», teoría de los «dos demonios») con razones de «realismo» (la «realidad» indicaba que los implicados no se presentarían ante un juez), los abanderados del olvido y el perdón a priori lograron que una mayoría de ciudadanos se convenciera de que la impunidad era el precio a pagar para sostener la democracia recién recuperada. Muchos de quienes votaron a favor de la ley lo hicieron muy a su pesar, conscientes de que la norma era inmoral e injusta, pero con la convicción de que tal renuncio se justificaba por ser la única vía de lograr la estabilidad institucional amenazada.

Sin embargo, muchas cosas pasaron desde entonces, y la sociedad advirtió que la Ley de Caducidad no había resuelto el problema. Es que el olvido y el perdón no se deciden por decreto; la página se da vuelta sólo cuando las páginas anteriores han sido leídas y asimiladas.

Hoy la «realidad» es muy otra. Los mandos castrenses actuales, aunque en la institución existan aún elementos antidemocráticos contaminados del pasado de horror, tienen otra disposición, otra actitud, que los diferencia notoriamente de los gorilas de tres lustros atrás. Asimismo, el gobierno está en manos de las fuerzas progresistas en cuyo programa figuraba un viraje sustancial en la política de investigación de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Y ya desde el último 1 de marzo, el Poder Ejecutivo adelantó su posición favorable a habilitar investigaciones y a facilitar la acción de la Justicia.

Por eso el fallo judicial que obliga a archivar las actuaciones en el caso de la desaparición de María Claudia García es un retroceso inesperado en el camino hacia la verdad y la justicia. Felizmente, el tesón de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y la voluntad del gobierno (fiel reflejo del sentir mayoritario de la sociedad) permiten abrigar esperanzas de que pueda sortearse este traspié y seguir avanzando en el camino justo. *