Un fallo contrario al sentir de la sociedad

a decisión del Tribunal de Apelaciones de convalidar la resolución del Fiscal Enrique Möller, archivando el expediente que contiene las actuaciones judiciales en torno al crimen contra María Claudia García, estalló como un rayo en el cielo sereno en la opinión pública de un país que, desde hace muchos años, anhela que se cumplan los objetivos de verdad y justicia.

No entraremos, al menos aquí y ahora, a un examen técnico jurídico de la cuestión específica de este caso, que tiene sus complejidades.

No obstante, sería un error pretender reducir el significado de estas sentencias a sus meros aspectos técnicos.

Lo que queda puesto en evidencia es que la resolución judicial contraría no sólo la voluntad expresa del Poder Ejecutivo (lo cual de por sí no revestiría especial gravedad) sino del sentir de la inmensa mayoría de nuestro pueblo ante la impunidad y el ocultamiento que siguen reinando, con una prepotencia sublevante, sobre el asesinato y la desaparición de María Claudia.

Durante la dictadura se perpetraron más de dos centenares de desapariciones forzadas de personas. Y en las cárceles y cuarteles decenas de uruguayos fueron torturados hasta provocar su muerte. Todos ellos, crímenes horrorosos.

El asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, los traídos en el Primer y Segundo Vuelo, los asesinados frente a la Seccional 20 del Partido Comunista, los asesinados en las calles, como Ibero Gutiérrez, o en las torturas, como el Dr. Alvariza, Adolfo Wassen y Vladimir Roslik, para recordar sólo algunos nombres, son todos ellos crímenes imperdonables, lo que los Tratados Internacionales llaman Crímenes de Lesa Humanidad. Y sobre todos reina un silencio indignante.

El drama de María Claudia y de su entorno familiar contiene toda esa dosis de crueldad inhumana. Por eso también es imperdonable.

A esa situación se agrega la cobardía y la ignominia que rodea al secuestro de esta muchacha grávida. La espera del nacimiento de la niña. La apropiación dolosa de la beba. Y luego, la desaparición forzada de la joven madre.

Decidir no avanzar en el conocimiento de la verdad de estos hechos crueles y degradantes es, más allá de los argumentos leguleyos que se puedan exhibir, una forma de sumarse a la conspiración del silencio que, desde hace treinta años, se pretende urdir en torno a los que fueron objeto de la desaparición forzada de personas.

Pero ni el dictamen inicial de Möller, ni su reafirmación por parte del Tribunal de Apelaciones conseguirán poner punto final a la sed de verdad y justicia que ha nacido en nuestro pueblo.

Y menos habrá punto final en esta situación cuando la voluntad política del Presidente de la República es justamente la contraria.

Como bien señala el Dr. Javier Miranda, en una entrevista publicada en Carta Popular: “No se trata solamente de encontrar los restos. Ojalá que sí. Pero no alcanza con hallar los de María Claudia y todos los restos.

Importa saber qué pasó, dónde estuvieron detenidos, en qué condiciones, cuándo fueron ejecutados, en qué circunstancias murieron. Conocer toda la verdad. En muchos casos es probable que no podamos tener restos y por eso no vamos a decir, ‘no, no hay nada que investigar’

El tema de los restos es un capítulo, un episodio y después a partir de eso, a partir de la verdad, de la justicia, a partir de la constatación de hechos, queda también otro capítulo enorme.
Que también es responsabilidad, no solo de Familiares, sino también del Estado y de toda la sociedad.

Es construir la memoria histórica para que no vuelva a suceder esto. Como cualquier pueblo que ha sufrido en carne propia situaciones traumáticas.” En ese sentido un conjunto de iniciativas, trabajos e investigaciones que en distintos ámbitos se viene desplegando marcan una realidad incuestionable y una línea de acción.

Esa realidad y esa línea se pueden sintetizar diciendo: la sociedad uruguaya de hoy no acepta el ocultamiento ni la mentira. Quiere saber y quiere entender.

Por eso se hurgan archivos. Por eso investigan los periodistas, apasionados y valerosos. Por eso debaten los juristas y los dirigentes políticos. *